Editorial
El tiempo corre
De ello depende que se concreten las inversiones proyectadas, cercanas a los $4,2 billones, que permitirán construir, entre otros, una nueva torre de control...
El Valle del Cauca se quedó a la espera de que el Gobierno Nacional cumpliera su anuncio de iniciar, antes de finalizar el 2024, el proceso de licitación para la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. El departamento sigue a la espera y preocupado porque los tiempos corren y aún no se avanza en el que es un proyecto estratégico para la región y en particular para la conectividad de ciudades como Cali, Palmira o Yumbo.
En mayo pasado, cuando se dio la prórroga por 16 meses del contrato con Aerocali -por petición expresa de los gremios, empresarios y entidades que lideran el progreso en el departamento, preocupados porque el terminal aéreo más importante del Suroccidente y el tercero en operaciones en el país quedara en el limbo durante un tiempo-, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se comprometió a tener listos los estudios, los pliegos licitatorios y abierta la convocatoria, a más tardar en diciembre.
Como no sucedió y transcurridas dos semanas del 2025 aún no hay razón de la entidad estatal, las alertas se han prendido. No sería la primera vez que el Gobierno Nacional le incumple al Valle del Cauca en aquellos proyectos que son indispensables para la competitividad de la comarca, como ya sucedió con la vía Mulaló – Loboguerrero o con el dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura.
Lo que ha planteado la Nación es estructurar una Alianza Público-Privada de ‘Aeropuertos del Suroccidente’, que, además de administrar, operar y hacer el mantenimiento, permita realizar las obras de infraestructura que se requieren para ampliar las capacidades del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Esa licitación deberá adjudicarse este año, antes de que termine la prórroga al contrato de Aerocali.
De ello depende que se concreten las inversiones proyectadas, cercanas a los $4,2 billones, que permitirán construir, entre otros, una nueva torre de control, varios edificios para ampliar las operaciones nacionales e internacionales -incluidas las de carga-, así como 24 puentes adicionales de abordaje. Todo ello llevaría en el mediano plazo a triplicar el movimiento de pasajeros en el Bonilla Aragón, que llegó en el 2024 a 6.800.725 personas.
Se trata de llevar al principal aeropuerto del suroccidente del país a un nivel de competitividad mucho mayor, acorde con el desarrollo proyectado de la región, que lo convertiría, además, en una alternativa viable para la descentralización de la operación aérea, que hoy tiene más que saturado al aeropuerto El Dorado de Bogotá.
De no hacerlo en los plazos acordados, se pone en riesgo el progreso mismo del Valle del Cauca, que difícilmente podrá avanzar como pretende sin una terminal aérea que esté al nivel de las mejores de América Latina.
Sería una nueva frustración para el departamento por cuenta del incumplimiento del Gobierno Nacional, mientras el país perdería la oportunidad de contar con un aeropuerto alterno situado en un punto estratégico del continente, tanto por su ubicación geográfica como por su cercanía al Pacífico. El tiempo corre, por ello hay que insistirle a la ANI que no atrase más el proceso y la licitación se abra en el menor tiempo posible, para beneficio del Valle del Cauca y de Colombia.