Elecciones bajo riesgo

En un mes, el 29 de octubre próximo, los colombianos elegirán a quienes regirán los destinos de sus municipios y departamentos por los siguientes cuatro años. Es el mayor ejercicio de la democracia que se manifiesta en la voluntad popular, por lo tanto, debe ser respetado y protegido de quienes pretenden distorsionarlo o coartar el que es un derecho ciudadano fundamental.

A 30 días de las elecciones territoriales, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, asambleístas y ediles, preocupan los riesgos que se han alertado en varias regiones del país. La violencia es tal vez el mayor peligro en el que se encuentran algunas zonas y que golpea de manera directa el proceso democrático. Así mismo, cada vez se evidencia más la comisión de delitos que van en contra de las libertades ciudadanas o que buscan tergiversar su voluntad, como lo han advertido varias organizaciones.

El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral, presentado ayer, mostró el mapa de los peligros que acechan al menos a 166 municipios durante los actuales comicios. Preocupa que de los cuatro departamentos con más alta probabilidad de afectaciones, tres están en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca y Chocó. El otro es Antioquia, en particular la zona del bajo Cauca.

Son, sin duda, las regiones del territorio nacional donde confluyen los diferentes actores del conflicto armado, así como las transnacionales del crimen y la delincuencia organizada. No es coincidencia que sean, además, aquellas donde la presencia del Estado es más débil y en las que se siente en mayor grado la indiferencia del centralismo.

La violencia electoral tiene en la mira al Valle del Cauca y al vecino departamento del Cauca, donde son varias las poblaciones intimidadas o atacadas por grupos criminales con el objetivo de tergiversar o detener la que debería ser una fiesta democrática tranquila y segura. Líderes y candidatos asesinados o amenazados, municipios sitiados, ciudadanos coaccionados bajo el miedo, atentados indiscriminados, todo hace parte de la estrategia para alterar la actual campaña política.

A ello se suman los delitos electorales que crecen y que tienen la intención de cometer fraude el próximo 29 de octubre. La trashumancia, es decir el trasteo de votantes, es uno de ellos y el que más se ha evidenciado en las semanas recientes, aun cuando no es el único. Según la MOE, hay también riesgo de manipulación de votos nulos y de los tarjetones no marcados, que se dé el dominio electoral o haya una participación electoral indebida.

Si bien las garantías de seguridad son competencia de las autoridades locales, departamentales y nacionales, encargadas de salvaguardar así como de proteger, la integridad y la vida de sus habitantes, a los colombianos les corresponde velar para que no se cometan delitos electorales ni ser partícipes de ellos. Los comicios que se realizarán el próximo 29 de octubre deberán ser transparentes y seguros para que así se preserve la esencia misma de la democracia, que define a un Estado respetuoso de las leyes tanto como de los derechos de sus ciudadanos.