Futuro de las transferencias

Para nadie es un secreto que los entes territoriales en Colombia requieren más dinero para hacer inversión. Como muchos alcaldes lo han dicho, las brechas entre el acceso a servicios como educación, agua y saneamiento básico entre las ciudades y el sector rural son muy grandes todavía, y eso solo se soluciona con gestión y más recursos.

Esto es una deuda que se trae desde la Constitución Política de 1991, que estableció un plan ambicioso para incrementar de forma gradual las transferencias del Estado a los municipios, deuda que el Gobierno no ha pagado.

De ahí que cobre relevancia la discusión del acto legislativo No. 018 de 2024 (Senado) – 437 de 2024 (Cámara) que aumenta las transferencias de la Nación a los territorios del 21% hasta el 39,5% de los ingresos corrientes, según quedó aprobado en el sexto debate en el Senado. A esta iniciativa le falta dos debates para lograr la modificación de la Constitución.

Pero esta propuesta parece haber llegado en un mal momento de las finanzas del país. Este año el recaudo de impuestos ha caído 8% al mes de septiembre, el presupuesto de la Nación del 2025 está desfinanciado y aún no inicia el trámite de la ley de financiamiento que lo complementará.

Colombia está al límite de incumplir la regla fiscal que es el compromiso del Gobierno para hacer un buen manejo de los recursos y no incurrir en exceso de gasto y son varias las advertencias de los diferentes centros de pensamiento sobre el impacto que este acto legislativo puede implicar a las finanzas del país.

Precisamente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, hizo un análisis de lo que se aprobó y asegura que sin medidas adicionales (como la ley de competencias que debe tramitarse y que aumentaría los compromisos de los entes territoriales, es decir, reciben más plata pero con más obligaciones), el cambio en el Sistema General de Participaciones, SGP, implica un aumento de la deuda pública “a niveles de no retorno”, por encima del límite del PIB, y un incumplimiento de la regla fiscal.

Incluso, advierten que esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para cumplir sus pagos, teniendo en cuenta que hoy en día ya la situación es bastante retadora para el país.

El Congreso está en una disyuntiva y deberá tomar una decisión que tenga en cuenta todos estos elementos, una vez que el acto legislativo que modifica el SGP entre a sus séptimo debate.

Las regiones quieren más recursos porque consideran que las transferencias actuales no son suficientes para llegar a todos los ciudadanos, pero no quieren que esto represente obligaciones adicionales. Mientras que el Gobierno considera que esta es una de las condiciones necesarias para avalar la iniciativa.

Ojalá se dé un debate amplio que plantee todos esos escenarios antes de tomar decisiones a la ligera que vayan a implicar futuras reformas tributarias y colombianos pagando más impuestos.