La defensa de la democracia

Enorme preocupación generó en el país la insólita afirmación que hizo en España, donde adelantó una visita oficial, el presidente Gustavo Petro. En declaraciones a periodistas, y a raíz de las diferencias que mantiene con el fiscal general Francisco Barbosa, el Mandatario afirmó: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él (del Fiscal)”.

Esta afirmación no se puede tomar a la ligera ni asumir como una imprudencia del Jefe de Estado. Esta manifestación parece traslucir lo que muchos colombianos temían desde que Petro asumió la Presidencia: su talante autoritario y su precaria valoración de las instituciones democráticas y, en especial, de la independencia de poderes.

No es la primera vez que Petro da muestras de esa tendencia autoritaria. Ya han sido varias las ocasiones en las que ha arremetido contra el propio Fiscal, o amenazado al poder Legislativo o intentado incidir en las actuaciones de la Justicia.

Al Congreso ha intentado intimidarlo en diversas ocasiones para que apruebe, sin mayor discusión, las reformas que su gobierno le ha presentado. Y ha llegado a advertirle que no avalar esas iniciativas puede conducir a que estalle una revolución en el país.

Frente a las decisiones de los jueces, el Mandatario también ha mostrado poco respeto. Y ha llegado al punto de querer pasar por encima de fallos de la Justicia, reclamando excarcelaciones de jóvenes de la llamada Primera Línea, sobre los cuales pesan condenas.

Incluso, el Presidente ha querido injerir en las decisiones de los gremios: hace poco pretendió vetar el nombre de una persona para llegar a la Presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Por fortuna, el gremio dio una lección de dignidad e independencia al elegir, por unanimidad, a la persona que consideró más apto para dirigirlo.

El país no puede reducir este episodio a una confrontación entre Petro y el fiscal Barbosa, como han pretendido hacer algunos analistas. Ni detenerse a analizar las declaraciones de este último, que, gusten o no, no ponen en riesgo la estabilidad democrática.

Es de la mayor gravedad que la primera autoridad del país, la persona llamada a ser la defensora de la institucionalidad, la esté socavando con sus declaraciones y con sus acciones temerarias.

Genera tranquilidad la forma contundente como están respondiendo, en estas horas difíciles, las instituciones. La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente el magistrado Fernando Castillo Cadena, calificó como “errada la interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida por el señor Presidente de la República”.

Y además advirtió que tal interpretación “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.

En lugar de embarcarnos en discusiones inanes, los colombianos debemos rodear, sin titubeos, nuestra institucionalidad frente a cualquier acto o pronunciamiento que amenace con romper una tradición democrática que se remonta a los orígenes mismos de la República.