La mala hora del Ecuador

El asesinato del fiscal César Suárez Pilay, en pleno día y en una transitada calle de Guayaquil, es el más reciente episodio de la guerra sin tregua que el crimen organizado y las mafias del narcotráfico le han declarado al Estado ecuatoriano. Son la violencia y el terrorismo que traspasan fronteras y se ahora se ensañan contra el vecino país que no parece tener la capacidad para hacerles frente.

Al fiscal Suárez le había sido asignado el caso del asalto, en plena transmisión en vivo, del canal TC Televisión, ocurrido el pasado 9 de enero, por el que había ya interrogado a los autores, al parecer pertenecientes a la banda Los Tiguerones.

Llevaba también algunas investigaciones sobre corrupción estatal y precisamente se dirigía a una audiencia sobre tráfico de drogas, sin escoltas ni protección alguna, cuando fue acribillado por sicarios. Si bien dos de los presuntos atacantes fueron capturados un día después, no se sabe a ciencia cierta quién ordenó el crimen.

Esta es la más reciente afrenta al Estado de Derecho en Ecuador, que vive sus días más complejos por la confrontación que se libra contra una delincuencia organizada aliada con el narcotráfico, que pretende imponer su régimen de terror en toda la nación como respuesta a la mano dura anunciada por el presidente Daniel Noboa

Desde hace dos semanas se suceden las fugas de cabecillas de las cárceles, las tomas violentas a centros penitenciarios, los asesinatos de policías, guardas y funcionarios, así como decenas de ataques indiscriminados contra la población. Esa es la razón para que hoy el país se encuentre bajo estado de excepción y de conflicto armado interno, herramientas necesarias para hacerle frente a la compleja situación.

Luego del asesinato del César Suárez, tanto el presidente Noboa como la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, se han comprometido a mantener sin tregua la lucha contra el crimen organizado. Para ello tanto fiscales como jueces deben tener todas las garantías de protección, para que su labor de llevar ante la Justicia a quienes hoy azotan al Ecuador, no produzca una carnicería de funcionarios públicos como la que en su momento vivió Colombia.

Son horas complejas y aciagas para la vecina nación, que necesita recibir toda la colaboración y solidaridad internacional para evitar que la escalada de violencia siga avanzando, mientras suma más muertos en el día a día. El cáncer del narcotráfico es mortal, como aún hoy lo evidencian los colombianos, víctimas durante décadas de ese flagelo que no da tregua y que pretende expandirse por todo el continente.

Además de proteger sus fronteras para evitar que quienes cometen los crímenes en Ecuador busquen refugio en nuestro país, la experiencia de Colombia debe ponerse al servicio del gobierno de Daniel Noboa. Es la estabilidad misma de la región la que está en riesgo por cuenta de la criminalidad y de las mafias de la droga, frente a las cuales hay que actuar en unidad y de manera coordinada, sin que ese propósito sea entorpecido por las diferencias políticas que puedan existir entre los gobiernos.