Las dudas de la energía

Colombia enfrenta hoy una enorme incertidumbre en torno al suministro de energía eléctrica en el mediano plazo, asunto que debería convertirse en una prioridad para todos los sectores de la sociedad.

Las alarmas se encendieron este año, a raíz de la prolongada sequía que ha dejado sin suministro permanente de agua a Bogotá y ha causado un grave descenso en el nivel de los embalses que alimentan las hidroeléctricas del país. Frente a ese hecho el Gobierno ha tomado medidas, las más recientes el pasado fin de semana, para evitar que las reservas de agua se agoten definitivamente. Y, según dice el Ministerio de Minas y Energía, por ahora no hay posibilidad de un racionamiento.

Sin embargo, hay otros factores que generan grandes dudas sobre si habrá energía suficiente para atender la demanda nacional más allá del 2025. Nos referimos concretamente a los preocupantes retrasos que hay en el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica.

Una investigación realizada por El País encontró que de los más de 200 proyectos que están inscritos en la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, solo 14 han avanzado a la etapa de construcción. Y de este total, solo tres de energía solar y uno de generación térmica, han entrado en funcionamiento.

No se trata de una situación nueva. Según información divulgada por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, en el año 2021 entró solo el 7% de la nueva energía que el país esperaba. En el 2022, solo el 28%, y en 2023 apenas ingresó el 17%. Para lo que queda del 2024 se prevé la entrada de 103 nuevos proyectos, pero Acolgen sostiene que de esos, tan solo 47 -es decir, menos de la mitad- tienen un compromiso real para suministrar energía.

¿Qué está pasando? Las empresas inversionistas y los expertos del sector apuntan a diferentes causas, pero coinciden especialmente en una: las consultas con las comunidades que habitan en territorios en los que se ejecutan los proyectos. Solo en La Guajira se deben atender las peticiones de al menos 200 comunidades diferentes, muchas de las cuales se consideran casi imposibles de cumplir. Y a ello se suman las dificultades que se tienen en muchos casos para obtener las licencias ambientales necesarias.

Esta realidad pone en contexto el desafío que tiene el presidente Gustavo Petro para concretar su idea de transformar a Colombia en una potencia de las energías limpias. En La Guajira hay varios casos que lo ilustran. Por ejemplo, según un informe de la Upme, el parque eólico Alpha debía estar al 100% de ejecución, pero va al 44%. Y el proyecto de Windpeshi, entre la Uribia y Maicao, tiene un retraso del 35%.

La pregunta es qué hará el Gobierno para que su loable propósito no quede truncado por la conciliación con las comunidades y los trámites de carácter ambiental. Y más allá de eso, cómo hará para evitar que los colombianos queden expuestos a un racionamiento estructural a partir de 2026, como muchos lo temen, por falta de suficiente generación eléctrica. El reloj está en marcha y se requieren respuestas rápidas.