Las heridas de los Farallones

El daño que causó la minería ilegal en los Farallones de Cali es devastador. Décadas de no enfrentar esa actividad ilícita, de no ejercer la autoridad como correspondía, de desatender los fallos judiciales que ordenaban el cierre definitivo de socavones, le pasaron factura a la mayor reserva natural del Valle.

Ahora hay que garantizar que no regresen quienes ocasionaron la destrucción, que sus promotores reciban las sanciones a las que haya lugar y que se inviertan los recursos requeridos para acelerar su recuperación.

En un operativo que, según se conoció, fue preparado durante meses, se logró lo que hasta ahora parecía un imposible: desmantelar de tajo la actividad minera en los Farallones. Se destruyeron los campamentos en los que se asentaban cerca de 800 personas, así como la maquinaria e insumos utilizados para la extracción de unos 78.000 gramos de oro al mes.

Así mismo las bocaminas abiertas fueron tapadas y se removió la infraestructura utilizada para esa actividad ilegal que, según informes oficiales, les deja a las bandas criminales dueñas del negocio ilícito, $13.200 millones mensuales. En los operativos se logró la captura de diez personas, imputadas por delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, invasión de áreas especiales de importancia ecológica o por violencia contra servidor público.

Son las acciones que debieron realizarse tiempo atrás, desde que empezaron las denuncias sobre la minería ilegal en los Farallones y se hizo evidente la destrucción que estaba causando, incluida la contaminación provocada por el uso de mercurio y otras sustancias. Se calcula que son mil hectáreas devastadas y que los 30 ríos que nacen en el Parque Natural Nacional y bañan al Valle del Cauca presentan algún grado de afectación.

Lo peor es el tiempo que se tomará la recuperación de la reserva y de sus ecosistemas. Según el Ministerio del Medio Ambiente, para restaurar esa parte de los Farallones se necesitarán al menos 20 años. Son dos décadas para lograr que resurjan los bosques, retorne la fauna, se repare la flora y se descontaminen los nacimientos de agua. La pérdida de la diversidad biológica puede, incluso, ser irreparable.

Para ese propósito de rescate ambiental, sin duda servirán los $14.700 millones que la Nación se ha comprometido a aportar. Pero no habrá recursos financieros que alcancen si al mismo tiempo no se garantiza que la minería ilegal no regrese a al Parque. La estrategia, tanto de la Fuerza Pública como de las autoridades locales, departamentales y nacionales tiene que enfocarse en impedir que la historia se repita una y otra vez, como ha sucedido hasta ahora. Para ello es necesario que se encuentre a quienes promueven y se lucran de esa actividad ilegítima.

El Parque Nacional Natural Farallones de Cali es patrimonio invaluable para la ciudad y para Colombia. Protegerlo de toda actividad o de las personas que le causan daño es una obligación del Estado. Son la salud y el futuro de caleños, vallecaucanos e incluso de comunidades del suroccidente del país los que se verán afectados.