Los niños en la guerra

Vergüenza debería sentir una Nación en la que su niñez se usa para la guerra. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de este año

190 menores de edad fueron reclutados por grupos criminales en el Cauca, una cifra en sí misma perturbadora, pero que se queda corta frente a la realidad que viven a diario decenas de niños, niñas y adolescentes en ese departamento. Colombia tiene que asumir la responsabilidad de defender y proteger a su población más joven.

Los datos entregados por el organismo de control público dan cuenta de cómo los menores son arrancados del seno de sus familias o de sus comunidades por organizaciones ilegales, como las disidencias guerrilleras y el narcotráfico, adoctrinados, llevados a los frentes de combate, utilizados para tareas de inteligencia o para labores de vigilancia. Muchos de ellos son violentados, víctimas de explotación sexual o terminan desaparecidos, mientras por temor al menos un 30 por ciento de los casos nunca son denunciados.

En junio de este 2024 una investigación realizada y publicada por el diario El País confirmaba que en los últimos cuatro años se han reportado ante las autoridades 817 casos de menores de 18 años de edad reclutados o desaparecidos, en particular en el norte del Cauca y en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.

Es el lado más aberrante de una guerra cruel e inhumana, que transgrede todos los derechos de la población más vulnerable mientras viola de manera flagrante las normas del Derecho Internacional Hu-manitario, con las que se busca dejar por fuera de los conflictos armados a la niñez.

Lo que sucede en el Cauca, e igual en aquellos lugares de la Nación donde los grupos armados ilegales hacen presencia, deja en evidencia la incapacidad del Estado para cumplir con su obligación de proteger a todos sus ciudadanos, pero en especial a sus niños. La sociedad en su conjunto ha fallado, desde las fuerzas del orden que deberían proteger cada rincón del territorio patrio, pasando por las autoridades encargadas de velar por el respeto a la integridad y la vida de los menores.

Tan imperdonable como ello es que poco se haga para conocer la suerte corrida por esos centenares de niños, niñas y adolescentes y mucho menos por devolverlos a sus familias sanos y salvos. Han fracasado los gobiernos desde el nacional pasando por los locales y los regionales; también la Fuerza Pública, llamada a proteger y mantener el orden; por igual la Justicia que deja impunes la mayoría de los casos del reclutamiento o la desaparición infantil.

Sola la presencia decidida del Estado y la lucha sin tregua contra las organizaciones criminales permitirán acabar con la práctica atroz e inhumana de poner a los más jóvenes en medio de la guerra. La obligación es proteger a la niñez, garantizar sus derechos fundamentales, salvarla de las fauces de la violencia, por igual en el Cauca, en el Valle, en ciudades como Cali que no son ni mucho menos ajenas a esta situación.

Si no se logra, Colombia seguirá siendo una sociedad fallida.