Los oprobios del régimen

La estrategia es la misma que se repite cada vez que se anuncian elecciones presidenciales en Venezuela. Empiezan meses antes las teorías de conspiración del régimen, se habla de intentos de asesinato contra Nicolás Maduro y se da inicio a los arrestos y desapariciones de opositores, acusados del delito de traición a la patria, ese que crearon para justificar los oprobios de un Gobierno que se atornilló al poder, aplastando la democracia.

Ya se sabe lo que está pasando con María Corina Machado, la candidata de la oposición a los comicios presidenciales que deberán celebrarse este año en el vecino país, así no se sepa cuándo porque el Consejo Nacional Electoral, lacayo del régimen, no ha informado la fecha. Inhabilitada por una Justicia cuyos hilos se manejan también desde el Palacio de Miraflores, Machado encabeza las intenciones de voto, pero Maduro y sus secuaces harán lo que esté a su alcance para impedir que gane en franca lid.

Poco importa el Acuerdo de Barbados, en el que el sucesor de Hugo Chávez se comprometió a respetar los resultados de las elecciones primarias, realizadas a finales del año anterior y en las que fue triunfadora absoluta María Corina, así como a brindar garantías y velar por los derechos políticos de la oposición. No solo ha pasado todo lo contrario, ahora, además de la inhabilitación de la candidata, se persigue a líderes como Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero junto a su hija, el padre de ella, dos hermanos y su exesposo, un coronel retirado del Ejército. Durante varios días se desconoció el paradero de los arrestados y solo por la presión ejercida desde dentro y fuera de Venezuela, ayer se supo que la activista estaba recluida en El Helicoide, sede de la Sebín, donde se lleva a los presos políticos y del que se rumora es utilizado como centro de torturas.

Sus cuatro familiares fueron liberados de forma condicional, mientras a San Miguel y a su exmarido los dejaron en la cárcel, acusados de “traición a la patria”, “conspiración” y “terrorismo”, por supuestamente participar en intentos para asesinar a Nicolás Maduro. Son las justificaciones de siempre para adelantar detenciones arbitrarias, acusar a los opositores de graves delitos, impedirles un juicio justo y tratar así de amedrentar a quienes están en contra del régimen que ya cumple 25 años en el poder.

Está claro que se recurrirá a las artimañas que sea, incluidas la de encarcelar o desaparecer a los líderes de la oposición y a defensores de derechos humanos, con tal de impedir unas elecciones reales y libres, en las que se respeten los resultados y que le devuelvan la democracia al país suramericano.

Como lo han hecho la Organización de Estados Americanos, OEA; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y varios gobiernos del mundo, es de esperar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también pida la liberación inmediata de la activista Rocío San Miguel. De paso, que exija la realización de unos comicios presidenciales transparentes, con plenas garantías para la oposición y con respeto absoluto por los resultados.