Muertes en moto

Las muertes y lesiones por accidentes en motocicleta se convirtieron en una pandemia prolongada y silenciosa a la que Colombia se ha acostumbrado dolorosamente. Cada cierto tiempo, como ocurre por estos días a raíz del lamentable caso de dos mujeres que fallecieron arrolladas por ‘moteros’ en Bogotá, el país vuelve a conmoverse por esta dramática realidad. Pero nuevamente, como también pasará en esta oportunidad, el problema queda sepultado por otros asuntos de la azarosa realidad nacional, sin que se adopten medidas para corregirlo.

Mientras tanto, las cifras se mantienen en niveles escandalosos. De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y mayo del presente año hubo una reducción de 4% en el número de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito, en comparación con el mismo periodo del 2023. Pero aún así, fueron 1.984 muertes lamentables que en su mayoría se dieron por imprudencia.

En efecto, reveló la entidad, en el 58% de todos esos casos (1.144) los conductores chocaron con objetos fijos, contra otros motociclistas, se cayeron o volcaron la motocicleta. Lo cual evidencia que el problema de fondo es la educación de los conductores de este tipo de vehículos, la enorme laxitud que existe para acceder a licencias de conducción y la pobre gestión de control que realizan las autoridades de tránsito.

Colombia está invadida de motos. Con corte al 2023, en el país había matriculadas unos 11 millones de unidades, cifra que representa más del 60% de todo el parque automotor. Este fenómeno es resultado, fundamentalmente, de la inexistencia de sistemas de transporte público masivo y eficiente en casi todo el territorio nacional. A lo cual se suman otros dos factores: la motocicleta ahorra tiempo de movilización y es más barata que un automóvil.

Por ello, fabricantes y comercializadores tienen una demanda permanente, estimulada por las ofertas de financiación que abundan en el mercado. De allí que en Colombia haya hecho carrera el dicho popular de que para acceder a una moto no se necesita más que la cédula. Mientras tanto el Estado, responsable de garantizar que a una motocicleta no se suba un potencial victimario, es incapaz de desempeñar esa tarea. La expedición de licencias de conducción, regulada por el Gobierno, funciona más con las lógicas de un negocio, que con las características de un filtro para mejorar la seguridad vial.

A ello se agrega la deficiente tarea de control que se ejerce en las vías. En Cali, por ejemplo, es común observar cómo muchos motociclistas violan las más elementales normas, mientras los agentes de tránsito se dedican a impartir sanciones a otros actores viales menos peligrosos. Por ello las motocicletas se han convertido no solo en un problema de salud pública que le cuesta millonarios recursos al Estado en aseguramiento y atención médica de las víctimas de accidentes. También contribuyen a la crisis de movilidad, a la pérdida de espacio público, la contaminación y la inseguridad. Razones de más para que Colombia aborde, por fin, la tarea pendiente de regular este riesgoso medio de transporte.