Ocho años del Acuerdo

“Hay que mantener la fe, renovar la obligación del Estado, no solo de un Gobierno, de implementar a fondo y con toda intensidad este Acuerdo, que no solo tiene aspectos militares, como la entrega de las armas, sino también unos elementos que son hoja de ruta para Colombia”.

Sin pretender ignorar la decepción que ha significado el recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones del país, las palabras de quien el fuera el jefe negociador del Gobierno con las Farc en La Habana, Humberto De la Calle, constituyen un llamado válido a persistir en el propósito de convertir en realidad aquello que se plasmó en el documento que se firmó hace ocho años en el Teatro Colón.

Porque está claro que, pese a las significativas dificultades, el Acuerdo de Paz contiene puntos que podrían ser cruciales para el avance de la sociedad colombiana, tales como la Reforma Rural Integral, que en esencia implicaría una equitativa repartición de la tierra en el país. Sin embargo, su puesta en práctica se ha visto frenada por la falta de voluntad política y por los riesgos que algunos sectores han advertido en la forma como el Gobierno quiere reglamentar la jurisdicción agraria, también derivada de lo convenido de La Habana.

De igual forma, hay que reconocer que, en medio de los problemas que ha tenido la reincorporación, cerca de once mil de las trece mil personas que firmaron la Paz se mantienen en el proceso, lo que no es fácil solo por la estigmatización de la que muchos de ellos siguen siendo objeto, sino porque las estadísticas oficiales dan cuenta de que desde el 2007 han sido asesinados 465 comparecientes. Aunque no serían las únicas razones, ambas cuestiones sí pueden haber influido en que se haya perdido el rastro de otros mil excombatientes.

Ahora bien, en cuanto al componente de justicia del Acuerdo, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que apenas el 17,3 % de las víctimas incluidas en el Registro Único, es decir 1.325.542, han sido indemnizadas, lo que evidencia que la reparación de las 9.758.045 personas incluidas en ese listado tomaría 50 años y explica por qué se dice que algunas de ellas se están muriendo sin recibir la anunciada compensación económica. Es evidente entonces que el Estado debe tomar decisiones de fondo sobre este aspecto de la implementación.

Y cuando se habla de retrasos en la Paz, víctimas y comparecientes coinciden en señalar a la JEP que, si bien ha sido reconocida a nivel internacional, se ha visto afectada por los recortes que el Gobierno ha hecho en los dineros que le debe girar. También porque tal parece que sus magistrados han olvidado su misión de investigar los delitos más graves que se cometieron en el conflicto y de sancionar a sus mayores responsables y han pretendido abrir muchos casos específicos que han demorado la expedición de los resultados que la sociedad espera de ella.

Así las cosas, es momento de que el Estado supere las discusiones ideológicas sobre el Acuerdo de Paz y se concentre en aprovechar las herramientas que da para solucionar problemas estructurales que siguen dando pie al crecimiento de la violencia en el país.