Presupuesto responsable

Lo que está sucediendo con el presupuesto General de la Nación en Colombia deja muchas inquietudes. El Gobierno Nacional acaba de presentar una nueva cifra de ajuste de la vigencia del 2024.

A mitad de año se hizo un aplazamiento del gasto de $20 billones. Luego el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el apretón tendría que llegar hasta los $33 billones, pero ahora dice que el ajuste será de $28,4 billones y que con ello se cumplirá la regla fiscal, uno de los temores que ronda al país.

La pregunta que muchos se hacen es si esto será suficiente para lograr un equilibrio entre los ingresos tributarios, que este año han caído casi 7%, en especial por la reducción en los recursos de impuesto de renta, y los gastos que tiene proyectados el Gobierno.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, ha dicho que el ajuste que necesita el Gobierno supera la cifra anunciada por el Ministro de Hacienda, lo mismo han planteado algunos centros de pensamiento, por lo que aún queda la duda si otros movimientos similares tengan que hacerse en lo que queda del año.

Pero más allá de eso, el llamado es a la responsabilidad que tiene que tener el Gobierno frente al presupuesto. A comienzo de año se plantearon unas tareas y gastos que se debían traducir en proyectos y obras que hoy no son realidad.

Esta situación está afectando sectores claves para el país, pese que se ha enfatizado que programas como la alimentación escolar, de los reclusos o para las poblaciones vulnerables se mantendrán, lo mismo que la gratuidad de la educación, subsidios a adulto mayor, entre otros rubros que no se van tocar.

Sin embargo, está claro y preocupa que el recorte de inversión sea de $10 billones, de los cuales $1,7 billones los aportará Inclusión Social; $1,3 billones, Transporte y $1,2 billones, Agricultura. Estos son proyectos que ya no se hicieron.

Pero, adicionalmente, en ese ajuste de inversión está el Ministerio de Educación con $307.000 millones y $647.000 millones del Ministerio de Vivienda, sectores clave, uno por lo que significa para la infraestructura de la educación, y el otro porque son dineros básicos para la reactivación económica de la construcción.

Esta situación obliga al Gobierno a ser más responsable con el presupuesto del 2025, con el que podría pasar algo similar a lo que sucede este año. Esto porque ya se conoce que lo proyectado por el Estado ($523 billones) está desfinanciado, de ahí que se radicó la ley de financiamiento para recaudar $12 billones en el 2025, iniciativa que aún no se debate, pese a que falta poco tiempo para terminar el año.

Las consecuencias de estas decisiones, que debían tomarse por el bien de las finanzas nacionales, las pagan los colombianos, porque no se ejecutarán los proyectos, y también la economía, porque se trata de recursos importantes que podrían servir para reactivar muchos sectores.

De ahí el llamado a la responsabilidad con el presupuesto, con las proyecciones de ingresos y con la ejecución, en un momento en que la economía necesita que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar.