¿Totalitarismo en México?

En medio de los desaires y las amenazas frecuentes del Presidente de los Estados Unidos, México enfrenta ahora el desafío del crimen organizado y la intención de atacarlo con decisiones autoritarias. Para su gobierno, el reto está en aplicar medidas dentro del marco democrático o caer en la tentación de cercenar las libertades.

Aparte del abrupto cambio que para ese país significó la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, los mexicanos siguen inmersos en la lucha contra el narcotráfico que amenaza la vida y las instituciones de si país. Como se sabe, la estrategia para ganar ese combate desigual ante un enemigo que tiene a la mano el todopoderoso recurso cambió cuando el expresidente Felipe Calderón declaró una confrontación sin cuartel a los carteles de la droga.

Esa guerra deja ya muchas tragedias. Se calcula que en los últimos diez años se han perdido 200 mil vidas y ha costado 50 mil millones de dólares. Pese a ello no se le ve final cercano, por más que muchos de los jefes de esas bandas estén muertos o presos, tal cual sucede con el de mayor relevancia, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

Transigir ante el crimen es el único camino que no se puede contemplar. La sociedad mexicana sabe que esa advertencia es requisito esencial para ganar esta guerra. Y para lograrlo debe partir de que debe hacerlo bajo las condiciones de un Estado de derecho que garantice el ejercicio de la autoridad en el marco de principios fundamentales para la democracia.

También se debe asegurar el respeto a los derechos humanos como los límites al poder del estamento militar. En ese sentido, la propuesta del partido de gobierno para dotar a los organismos de seguridad de atribuciones que faciliten el desconocimiento de las libertades ciudadanas, debe regirse por principios universales y no aceptando que el fin justifica los medios.

De igual manera, es necesario reafirmar que no puede haber justicia con detenciones de años por el hecho de ser sospechoso. Como tampoco pueden ser sustituidas las pruebas por rumores. Además, es fundamental respetar el principio según el cual toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y no se puede abrir camino a la tortura para conseguir información.

Todo ello parece ratificado en la propuesta del PRI, aunque los hechos demuestran otra cosa. Son cotidianas las denuncias por extralimitaciones, manipulación de la escena en hechos en los que intervienen agentes oficiales, desapariciones y abusos, en medio del ominoso segundo lugar entre los 59 países con mayor impunidad en el mundo.

Pero si eso preocupa, alarma aún más la posibilidad de que los generales sigan ganando terreno en la toma de decisiones del Estado. No cabe duda de que la Fuerza Pública ha entregado una cuota de sacrificios en esta guerra, pero debe estar a las órdenes de la civilidad.

Y no al contrario. Por eso, el presidente Peña Nieto debe cerrarle las puertas al engendro facilista que parece importado del nuevo gobierno de su vecino, para tranquilidad de su país, hoy confundido por fenómenos que amenazan sus libertades.