Tregua y violencia

Mientras el Gobierno Nacional cerraba su tercer ciclo de negociaciones con las disidencias de las Farc ratificando el acuerdo de cese al fuego vigente, es incierto lo que pasará con el Eln a partir del próximo 29 de enero, cuando se cumple el plazo inicial de seis meses de tregua bilateral. En ambos casos, lo que espera Colombia es que cualquier trato esté condicionado a ponerle fin a todas las formas de violencia ejercidas por esos grupos ilegales, en particular aquellas que atentan de manera directa contra la población.

Si de algo tienen certeza los colombianos es que los pactos hechos con esas dos organizaciones alzadas en armas, con el fin de facilitar los diálogos, no han representado tranquilidad para los ciudadanos del común, en particular para quienes habitan en las zonas más afectadas por el conflicto.

En la mayoría del territorio nacional se siguen presentando secuestros, los ataques terroristas no han cesado, hay masacres como las que de forma continua azotan al norte del Cauca y el sur del Valle, mientras se mantienen las amenazas en contra de gobernantes o líderes sociales, y arrecia la extorsión en la mayoría del país. Esa paz total tan anhelada está lejos siquiera de convertirse en un halo de esperanza para una nación que aún padece a diario los horrores de la guerra que hace décadas le declararon la guerrilla y el crimen organizado.

Si se trata de avanzar, como lo pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay que poner condiciones, la primera de ellas que se ordene detener toda práctica que atente contra la población civil o contra el Estado mismo. El país espera que el próximo lunes, cuando se instale el sexto ciclo de diálogos con el Eln, se mantenga la firmeza con la que el Primer Mandatario aseguró en Davos, a donde viajó para asistir al Foro Económico Mundial, que las conversaciones con el Eln “van a depender de la voluntad para abandonar la violencia de manera definitiva”.

Es lo que la Nación ha reclamado desde cuando se iniciaron las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional o con las disidencias guerrilleras al mando de ‘Iván Mordisco’, que no haya condicionamientos ni excusas para parar la guerra. Mucho menos que se siga chantajeando al país, exigiendo la financiación y el sostenimiento de los integrantes de esos grupos al margen de la ley como requisito para dejar a un lado lo que ellos llaman sus “fuentes de ingresos”, es decir el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de migrantes a través del Tapón del Darién, el plagio o la extorsión.

Seguir hablando de paz total cuando el conflicto armado y las acciones criminales continúan, no es aceptable. Como no lo es que el cese al fuego bilateral se limite a evitar las confrontaciones directas entre las fuerzas legítimas del Estado y los grupos armados ilegales, mientras la población sigue sometida a los ataques permanentes, al terror y a la zozobra diaria.

Vivir en paz, sin la amenaza permanente de los violentos, es el anhelo de todo el país y será mejor si se logra a través de los diálogos. Pero el precio que se pague no puede ser más la vida y la tranquilidad de los colombianos.