Y el silencio continúa

Los ataques a los sectores de la caña de azúcar y forestal tanto en el norte del Cauca como en el Valle, se siguen sucediendo sin que la Nación haga lo que le corresponde para ponerle fin a esa violencia que atenta contra la vida de los trabajadores, destruye la maquinaria utilizada en sus labores, se toma ilegalmente la propiedad privada y afecta a las comunidades aledañas. Las soluciones que se reclaman no llegan, mientras arrecian las agresiones y el silencio estatal prima.

Ayer en la mañana ocurrió el robo, a mano armada, de una retroexcavadora dedicada a la siembra de caña, y su posterior incineración, hechos ocurridos en Padilla, Cauca. Esta misma semana dos camiones de la multinacional Smurfit Kappa Cartón Colombia fueron atacados en zona rural de Dagua, mientras los vándalos quemaron 127 hectáreas forestales de la misma empresa, ubicadas entre ese municipio, La Cumbre y Vijes, al suroccidente del Valle.

Quienes están detrás de esos actos tienen la clara intención de afectar sectores de la economía que son esenciales para el crecimiento de la región, generan empleo y llevan progreso a las comunidades en sus zonas de influencia. Por ello preocupa que desde el Gobierno Central no haya manifestaciones de rechazo hacia lo que ocurre con tanta frecuencia, ni se dispongan las acciones necesarias para garantizar la protección de quienes se están viendo afectados, incluidos los trabajadores, que son los primeros perjudicados.

Ya son varios años viviendo situaciones similares: agresiones de quienes intentan tomarse a la fuerza terrenos y propiedades privadas, legítimamente adquiridas por sus dueños, bajo argumentos que desconocen las leyes y el Estado de Derecho. También son cientos de hectáreas de cultivos y bosques arrasados; obreros asesinados; enfrentamientos entre los violentos y comunidades, que reclaman su derecho a trabajar, a vivir en paz y a que se protejan sus fuentes de sustento.

Lo que sucede en el norte del Cauca y se extiende al Valle, es de la más extrema gravedad. Además de las pérdidas de vidas humanas y de los heridos que no en pocos casos dejan esos ataques, de los secuestros de trabajadores o de los daños materiales y ambientales que se ocasionan, se ponen en riesgo la productividad, el empleo y las economías locales. Según el gremio azucarero, hay más de seis mil hectáreas que hoy ya no están produciendo por ese motivo, y cerca de 260.000 puestos de trabajo que ofrece el sector, los que se encuentran en riesgo.

Son razones de peso para que el Estado intervenga de inmediato, de forma decidida y con contundencia, para controlar una situación que ya es insostenible. Proteger las tierras, la propiedad privada, la libre empresa y en primer lugar a la población, tanto en el Cauca como en el Valle, es una obligación constitucional que tiene que ser acatada por las autoridades gubernamentales.

En ese propósito no se debe dejar sola a la Fuerza Pública, que cada vez más ve más limitado su accionar a la hora de enfrentar a quienes generan y usan la violencia en la región. Mucho menos se puede aceptar que el silencio estatal siga siendo la respuesta frente a la gravedad de lo que sucede en esta parte del país.