¿Y los presos políticos?

Con una frontera en común de 2200 kilómetros, sería razonable que el Gobierno de Colombia buscase la ayuda de Venezuela para hacerle frente a la situación de violencia y la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo. Pero al tratarse de un régimen totalitario, que se burla de la voluntad popular y ataca a su propio pueblo, en vez de colaboración, lo que hay que exigir es respeto por la democracia y la liberación inmediata de los presos políticos.

Es para ello que el presidente Gustavo Petro debería aprovechar su buena relación con Nicolás Maduro. Para conseguir que los doce colombianos detenidos de manera ilegal en Venezuela, sin que sus familias sepan dónde los tienen, regresen sanos y salvos al país.

Los connacionales fueron capturados después del 28 de julio pasado, cuando en la hermana nación, como en la mayoría de la comunidad internacional, se generó una ola de indignación ante las evidencias del fraude cometido por el Gobernante chavista para perpetuarse en el poder, a pesar de haber sido derrotado en las urnas por Edmundo González.

Según sus allegados y las organizaciones venezolanas defensoras de Derechos Humanos, a ninguno de ellos se le ha comprobado la comisión de delito alguno, ni tampoco se les ha reconocido el derecho a la defensa que asiste a todo prisionero en una sociedad que se diga democrática y respetuosa de las libertades individuales.

Peor aún es que no se tenga noticia sobre su paradero o su estado de salud, por lo que tienen razón sus familiares al catalogarlos como desaparecidos y hacer la respectiva denuncia ante los organismos internacionales.

Cuando hay colombianos bajo esas condiciones, cuando ante los ojos de la mayoría del mundo lo que existe en Venezuela es una dictadura disfrazada de democracia o cuando se sabe que el régimen de Maduro ha permitido que las organizaciones armadas ilegales de Colombia se refugien en su territorio y manejen desde allá sus economías ilícitas, resulta imposible aceptar que se le pida ayuda para conjurar la crisis de orden público del Catatumbo.

En su lugar, desde la Casa de Nariño lo que se debería exigir es la liberación de los colombianos detenidos de forma ilegal. Máxime cuando entidades como la ONG Foro Penal aseguran que esas capturas arbitrarias de extranjeros en Venezuela podrían tener como objetivo proponer su intercambio por personas cercanas al régimen Maduro que están prisioneras en otros países, o usarlas para presionar la eliminación de sanciones en contra esa nación.

Razón aún más contundente para que el mensaje lanzado a través de las redes sociales por el presidente Petro al Palacio de Miraflores, en el que le pide que “libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las post elecciones”, sea perentoria.

Es lo mínimo que se merecen los doce colombianos detenidos de los que se tiene registro, así como todos aquellos presos políticos por la dictadura, cuyo único ‘delito’ ha sido reclamar el retorno de la democracia al hermano país.