Leviatán

Asistimos a un crecimiento inusitado de las acciones de grupos criminales, tanto urbanas como rurales, estrechamente articuladas con rentas ilegales, pero incluso con mercados legales, con el funcionamiento nacional o regional de la política y del Estado y, de manera general, con una cultura para-mafiosa. Es en este contexto que el gobierno, que también está penetrado por la mafia y la corrupción, ha promovido una política de ‘paz total’ que lo tiene desbordado y sin que pueda cumplir sus objetivos. Sostiene simultáneamente distintos espacios de negociación, algunos de los cuales se han suspendido, por ejemplo, con el Eln y con una parte de las disidencias, y otros se sostienen a duras penas sin rumbo definido, como sucede con varios grupos en Buenaventura. El hecho preocupante para la ciudadanía es que no hay claridad sobre la soberanía del Estado en el territorio. Surgen preguntas de si estamos asistiendo a una pérdida progresiva del monopolio legítimo de la fuerza y de la autoridad por parte del Estado, dada la forma como los grupos armados ilegales imperan en los territorios.

Los cambios notables y recientes en la forma de operación de la criminalidad no se han acompañado de nuevos diagnósticos y de cambios en la forma de operación del Estado y del Gobierno, que no tienen claridad sobre las nuevas condiciones y el rumbo que ha tomado la ‘Paz Total’. Las contrapartes han aprovechado esta falta de claridad para ganar espacio y continuar el conflicto armado. Pero, para negociar, se requiere un mínimo común denominador y es que las partes estén convencidas de que deben transitar de las armas a la política y a su reinserción en la sociedad. En el caso del Eln, que se considera un grupo motivado políticamente, impacta que no declaren desde el principio que están dispuestos a entregar las armas y que llegó el momento de la negociación. Por el contrario, quieren negociar hasta que los problemas estructurales de la sociedad colombiana se resuelvan para solo entonces dejar a un lado su accionar armado. Quieren hacer la revolución en una mesa de negociaciones y no parecen entender que las razones para optar por la vía armada, desde hace mucho tiempo, ya no son válidas en Colombia. En el caso, muy distinto, de los grupos que operan en Buenaventura, no se tiene claro un marco normativo que permita una justicia transicional de fondo para grupos criminales que deben dejar las armas y cesar su operación delictiva, asunto no negociable, pero con una posibilidad clara de reinserción judicial a la sociedad.

Al observar la situación en todo el país, me pregunto si no estamos ante un Leviatán contemporáneo (Thomas Hobbes, 1651), en el que la soberanía está fragmentada en el territorio y el príncipe, que no ha podido convertirse en el rey, busca ganar territorio en medio de un conflicto bélico con varios poderes regionales y también entre ellos mismos. El poder central del soberano sale adelante no solo por victorias militares, sino por acatamiento a las normas del príncipe, que gana progresivamente en legitimidad y en soberanía. Regresando al caso colombiano: es posible que la ‘Paz Total’ del presidente Petro fracase. Pero el proyecto, como meta, sigue siendo válido y tendrá que ser retomado por otros gobiernos, con políticas de paz distintas y certeras. No se puede seguir con la improvisación. Hay que diseñar mejor un programa de paz, con mejor conocimiento de las circunstancias cambiantes, de los distintos conflictos implicados, y el manejo por parte de un equipo experto, colombiano, acompañado por el apoyo técnico de las Fuerzas Militares y de Policía.