¿Y el convenio con la Imprenta?

En diciembre del 2020 se suscitó una gran polémica por el contrato interadministrativo que la Alcaldía firmó con la Imprenta Departamental para el suministro y mantenimiento de cámaras de vigilancia de Cali.

El convenio, con un presupuesto de $5743 millones y que se justificó en la necesidad de reforzar el control de la seguridad, nunca se explicó ni se dijo por qué en lugar de hacer una licitación se le entregaba en tiempo récord a una entidad sin experiencia ni capacidad para cumplir esa labor.

Diez meses después, la concejal Diana Rojas informa que de las 1745 cámaras de vigilancia que hay en Cali sólo el 26%, es decir 510, están funcionando.

En respuesta, el Secretario de Seguridad dice que se debe esperar hasta el 20 de diciembre a que culmine una licitación y que si se cumplen los plazos estipulados él se compromete a poner en funcionamiento el 90% del sistema antes de finalizar diciembre del 2020.

¿Qué pasó entonces con el contrato con la Imprenta Departamental? ¿Se cumplió o no, y porque hoy la ciudad vuelve a estar en déficit de cámaras de seguridad?

¿Qué tiene qué decirle la Alcaldía de Cali a la ciudadanía? ¿Qué han hecho la Procuraduría y la Contraloría que recibieron las denuncias sobre el convenio con la Imprenta ? Situaciones como esa son las que hacen dudar sobre la conveniencia del artículo que suspende la ley de garantías y permite a alcaldes y gobernadores apelar a convenios interadministrativos, como el firmado entre la Alcaldía y la Imprenta Departamental, sin ninguna limitación.