Editorial
Violencia política
Frente a un panorama que advierte dificultad, es fundamental que las autoridades atiendan las recomendaciones para que las elecciones que definen el futuro de las regiones transcurran en paz...
Cada día de por medio se registra una víctima de violencia política en Colombia. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, durante el presente periodo, de cara a las elecciones regionales de octubre, ya hay 99 víctimas, de las cuales 18 fueron asesinadas, 13 sufrieron atentados y 68 fueron amenazadas.
Entre los casos de mayor gravedad son los dos asesinatos de miembros del partido Comunes en Valle del Cauca; el asesinato de un concejal y líder indígena en Caldono, Cauca; y el asesinato de un excandidato a la alcaldía de Puerto Rondón y militante del Centro Democrático en Arauca, así como dos atentados en La Guajira.
Los actos más recientes se registran en Tuluá, donde el grupo delincuencial llamado ‘La Oficina’ se adjudicó un ataque sicarial ocurrido en un centro comercial el pasado lunes, que le costó la vida al precandidato al Concejo, Alejandro Forero, y dejó tres heridos. Recientemente, esa organización atentó contra la sede del candidato a la alcaldía Gustavo Vélez y amenazó a los periodistas y a quienes apoyen al político, declarándolos “objetivo militar de su organización, encargada de ejercer control en el territorio”.
Un hecho que fue repudiado por las autoridades y que dejó al descubierto cómo grupos al margen de la ley están al acecho de estas elecciones. Según la Fundación Pares, en los casos ya censados en el país se encontró que “el 69% corresponde a autores desconocidos y el 31% al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y al Eln”.
Otro de los autores señalados de amenazas es el autodenominado Estado Mayor Central, frente a cuyas advertencias, la Misión de Observación Electoral, MOE, elevó su rechazo y sugirió, con urgencia, el establecimiento de Comisiones de Seguimiento Electoral que cuenten con presencia en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta.
Volviendo al Suroccidente Colombiano, la Registraduría Nacional y la Fundación Pares han alertado sobre la importancia de vigilar municipios del Pacífico donde hay indicios de impedimentos para que los candidatos realicen sus campañas. Figuran entre las zonas donde se presentarían delitos electorales Candelaria, El Águila, Riofrío y Palmira, en tanto que hay dos municipios con alarma de riesgo electoral: Buenaventura y Jamundí, además de otras zonas del Cauca y Nariño.
Otra violencia política que preocupa es la ejercida contra las mujeres. Según la MOE, el 83% de las candidatas a las elecciones legislativas del 2022 dijo haber sido víctima de agresiones, en un año que tuvo el mayor número de hechos violentos y letales contra las participantes en distintos departamentos. Hace poco fue aprobada en el Congreso una ley que visibiliza, previene y sanciona la violencia política contra la mujer en Colombia, con la cual se espera que este delito disminuya.
Frente a un panorama que advierte dificultad, es fundamental que las autoridades atiendan las recomendaciones para que las elecciones que definen el futuro de las regiones transcurran en paz, se garantice la democracia y el derecho a elegir y a ser elegido.