10 años de la Ley de Víctimas, ¿qué ha pasado en Colombia?

Cerca de ocho billones de pesos se les ha entregado a un millón 200 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, al cumplirse los primeros diez años de vigencia de la ley que ordena reparar a quienes han padecido a causa del conflicto armado.

Sin embargo, el total de ese listado abarca a 9.134.347 colombianos de manera individual y a 794 sujetos de reparación colectiva, por lo que muchos se preguntan si la otra década de vigencia que le resta a esa norma será suficiente para cumplir el objetivo con el que fue creada.

“Es una esperanza para las víctimas en el sentido de la implementación de la política pública para poder atenderlas”, aseguró ayer el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, a propósito de los diez años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, que también le dio vida a la Unidad de Restitución de Tierras y al Centro Nacional de Memoria Histórica.

El funcionario destacó que en enero pasado el presidente Iván Duque dispuso que la misma se extendiera durante otra década, puesto que 7.368.335 personas todavía faltan por ser reparadas de manera integral.

Según Juan Fernando Cristo, que siendo senador tuvo a su cargo la redacción de la iniciativa, “esta ha sido la ley más importante aprobada por el Congreso de la República desde la Constitución del 91 y cambió totalmente la concepción de la sociedad y el Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto”.

Puede leer: Esto es lo que ha pasado con la restitución de tierras en Colombia

Agrega que, tras su aprobación, “más de 20 millones de compatriotas tienen derechos, instrumentos legales para exigirlos, son visibilizados por la sociedad y comenzaron a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país”, además de que ahora “las víctimas gozan de visibilidad en los medios de comunicación y tienen nombres y apellidos”.

De igual forma, Paula Gaviria, la primera directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que “la ley marcó un antes y un después en cómo Colombia asume su propia historia, porque con ella reconoció la existencia de un conflicto armado y las consecuencias del mismo, que es un enorme sufrimiento humano con un impacto en la vida de muchísimas familias jamás registrado en la historia reciente de los conflictos”.

La Unidad de Restitución de Tierras tiene inscritas más de tres millones de hectáreas, de las cuales la mayoría está demandada ante los estrados judiciales.

No obstante, los retos todavía son enormes, dado que una década atrás no se logró cuantificar la magnitud de las víctimas en Colombia y, luego, un fallo de la Corte Constitucional obligó al Estado a reparar, de forma administrativa, a muchas más personas de las que fueron presupuestadas en un principio, alargando las expectativas de la norma.

Ana Teresa Bernal, exconsejera de Víctimas, indicó que “se necesitarían más de 50 años para indemnizar al universo entero de víctimas”, por lo que reconoce que la implementación de la iniciativa es muy compleja. “Lo importante es que se dio un paso en el reconocimiento de la existencia de las víctimas y en el deber del Estado de repararlas, pero de ahí a que se haya cumplido a cabalidad con la ley estamos a mucha distancia”.

Cristo, a su vez, dice que la ley ha hecho una inversión que ningún Estado en el mundo ha hecho, “más de $80 billones”, pero que “obviamente nos falta muchísimo, porque estamos hablando de casi 20 % de la población colombiana, un desafío enorme”.

Lea además: Gobierno se comprometió con Cidh a investigar homicidios ocurridos en el marco del paro

Y Gaviria anota que, cuando se estaba buscando la prórroga, el Gobierno reconoció que otros diez años no serían suficientes para reparar a todas las víctimas y que incluso se habló de necesitarse mínimo tres décadas, pero que el Congreso decidió ampliarla solo por dos lustros más.

Sin embargo, en opinión de la exdirectora sí hay voluntad de cumplir la normatividad por parte del Estado. “Hay que reforzar esa voluntad, mandar mensajes muy contundentes y mejorar las articulación de las entidades. El Acuerdo de Paz bien implementado, con las oportunidades que dan los municipios PDET, donde están la mayoría de las víctimas y los procesos de reparación colectiva son una oportunidad gigante de avanzar”.

Por el contrario, Bernal sostiene que “se decía que las víctimas eran el centro del problema y que iban a ser atendidas de manera inmediata, pero la mayoría están sin reparación, solo el 13 % del universo total de las víctimas han recibido la indemnización”.

Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021 se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos realizados después de la fecha de su defunción, por $647 millones, denunció la Contraloría con respecto a la labor adelantada por la Unidad de Víctimas.

El Director de la entidad dijo que pedirá las bases de datos del ente de control para responder el caso.

Este viernes, el expresidente Juan Manuel Santos rendirá testimonio ante la Comisión de la Verdad sobre los ‘falsos positivos’, en un espacio con el que ese organismo busca dar contexto y ayudar a comprender el que es considerado uno de los mayores crímenes registrados en el marco del conflicto armado en Colombia.

Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009, cuando se reveló que esos crímenes venían ocurriendo en varias regiones del país, por lo que fueron destituidos varios generales de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con un informe de la JEP, se tiene conocimiento de al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, para obtener beneficios como permisos y reconocimientos.

Según la Comisión de la Verdad, el testimonio de Santos tiene “el fin de aportar en el esclarecimiento de la verdad y brindar un contexto explicativo para el país, pero sobre todo para las víctimas, que ayude a comprender las causas y los impactos de este fenómeno, que afectó a miles de familias”.