Admiten demanda contra Verónica Alcocer por viajes realizados al exterior con dinero del Gobierno

El Consejo de Estado admitió una demanda presentada contra el decreto que aceptó y legalizó los viajes al exterior de la primera dama, Verónica Alcocer.

Se trata del decreto número 1893 del 14 de septiembre de 2022, el cual designaba a Verónica Alcocer en misión especial su participación en el funeral de Estado de la reina Isabel II en Inglaterra, a Estados Unidos para una conferencia de las Naciones Unidas y a Japón para el funeral de Estado del exprimer ministro Shinzo Abe.

Estos tres viajes tuvieron el costo de más de 60 millones de pesos para los viáticos de 12 días para la primera dama.

El demandante asegura que “ninguna norma constitucional y legal le permite al presidente nombrar o designar a su esposa, o comisionarla para viajes al exterior con cargo a recursos públicos”.

Al respecto, en la demanda se deja en claro que no se debe permitir el nombramiento de familiares para estas misiones especiales, ya que existen miles de servidores públicos aptos para las funciones encomendadas.

“Para misiones especiales, el presidente cuenta con la facultad de nombrar a los embajadores y cónsules en el exterior, e incluso existe la figura del vicepresidente, que si es servidor público. Existen miles de servidores nombrados directa o indirectamente por el señor presidente, pero sin que se pueda considerar a sus familiares por estar prohibido”, expresa.

El documento de la demanda también recalca que el viaje de la primera dama es un abuso de poder, debido a que “en el decreto 1894, el presidente comisionó al ministro de relaciones exteriores para asistir en las mismas fechas, (parcial) a los mismos sitios y no presentó informe por escrito de su viaje de dicha comisión, como lo exigió dicho acto”.

Para el accionante, este nombramiento del presidente Gustavo Petro, se debe declarar nulo y con una clara desviación de poder, ya que el nombramiento realizado “no es para el buen servicio público, sino el particular, personal, privado y familiar, concretamente para el beneficio de su esposa”.

Tras admitir la demanda, será la Sección Primera del Consejo de Estado la encargada de analizar los argumentos y determinar la legalidad o no de ese decreto presidencial aprobado.