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Ante denuncias de ‘chuzadas’ y próxima salida de magistrados, piden respetar independencia de la Corte Constitucional
Algunos expertos consideran posible una politización del alto tribunal por parte del Gobierno Nacional, otros lo desestiman.
En medio de las denuncias de presuntas ‘chuzadas’, diversos sectores del país están en alerta ante el riesgo de que la Corte Constitucional se politice y pierda la independencia que necesita para salvaguardar la democracia en el país.
El expresidente Iván Duque ha advertido, por ejemplo, que el plan del presidente Petro “es cooptar la Corte, nombrando personas afines al Gobierno, aprovechando que en 2025 vence el periodo de cuatro de sus miembros”.
“Debemos estar atentos para que se elijan personas que brinden garantías y salvaguarden nuestra Constitución”, agregó en su momento el exmandatario en su cuenta de la red social X.
Los magistrados que saldrán del alto tribunal el próximo año son Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Diana Fajardo Rivera.
Uno de los reemplazos deberá ser ternado por el Jefe de Estado, dos por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado.
Al respecto, el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, Hernando Herrera Mercado, opina que sí existe la posibilidad de que se politice la Corte e instó a quienes van a participar en la nominación de los nuevos togados a que opten por “personas idóneas e independientes”.
“Si alguien pretende meterle mano a la elección de los magistrados de la Constitucional, tendríamos un escenario complejo para la institucionalidad”, advierte el abogado y explica que “lo peor que le puede pasar a una democracia es que las cortes cumplan mandatos o tareas distintas a aquellas que implican la salvaguarda de la Constitución”, sostiene Herrera.
Y anota que entre los potenciales riesgos de un alto tribunal politizado se encuentran la afectación de la credibilidad ciudadana en la Justicia, la disminución de la función independiente de la Corte como guardiana de la Carta Magna y la conversión de los magistrados en “meros amanuenses”.
Añade que eso ya ha sucedido en países vecinos, donde se han validado atropellos contra la democracia.
“Si la Corte se rompe o quebranta, Colombia, con la democracia más estable de todo el continente, pasará a ser una republiqueta donde la palabra democracia simplemente servirá en materia semántica, pero no como práctica política e institucional”, asevera.
De su lado, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia), Hermens Darío Lara, no vislumbra que en el país vaya a ocurrir un ‘buquelazo’ o ‘madurazo’, como sucedió en El Salvador o Venezuela: “Eso no ocurrirá aquí”.
“Hemos tenido una Corte durante estos 30 años muy equilibrada en las decisiones que se toman en relación con las actuaciones del Legislativo y del Ejecutivo”, precisa e insiste en que no existe “peligro alguno de politización” en el alto tribunal.
Aunque el vocero de los togados del país reconoce que “el poder embriaga”, considera que las instituciones en Colombia “harán lo pertinente para elegir a los mejores” magistrados.
Lo cierto que es los salientes integrantes de la Constitucional concluirán sus períodos en diferentes meses del 2025. Lizarazo lo hará el 6 de febrero, Pardo el 16 de mayo, Fajardo el 6 de junio y Reyes el 5 de septiembre.
“No considero viable que la Corte pueda estar exclusivamente integrada por personas que coincidan con una determinada forma de llevar la administración pública”, dice Lara.
De otro lado, Hernando Herrera expresó su extrañeza ante la falta de solidaridad del Gobierno con la Corte Constitucional, y específicamente con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien días atrás informó que su teléfono fue interceptado indedidamente, así como con togados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que también han denunciado intimidaciones de esa y otras naturalezas.
“Eso es abiertamente inadmisible”, sostuvo y agregó que “lo que le correspondía al Ejecutivo era, además de solidarizarse, prestarse de manera célere a las investigaciones que realiza la Fiscalía, para que estas se desplieguen de manera eficiente”.
El presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia confesó que no había visto recientemente que se registrara “un desatino” como ese en contra de la buena interacción de las ramas del poder público en el país.
Finalmente, sobre la propuesta del presidente Petro de realizar una constituyente, aseguró que “si alguien quiere convocarla, sométase a las reglas de juego. No patee el tablero ni piense que puede, bajo atajos de poder, convocar a una constituyente”.
Para Herrera, además de que es confuso el discurso del Ejecutivo sobre las posibles convocatorias a una constituyente, “no se ha esclarecido el propósito de esta convocatoria ni si se realizará conforme a la Constitución o mediante métodos inconstitucionales”.
“El que piense que cooptando a la Corte Constitucional para ampliar su periodo más allá de lo que el electorado determinó, constituye no solo una afrenta a la Constitución sino un atropello en contra de la independencia judicial”, aseguró el jurista.
