Así ‘pinta’ el nuevo año legislativo para el Gobierno de Petro: entre reformas y ruido de constituyente

Un ambiente de oposición encarnada, similar al que se registró en la instalación de sesiones del Congreso, acompañará los debates de las iniciativas que el presidente Petro quiere impulsar en esta legislatura: las reformas laboral, agraria y de salud, y avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

“Vamos a comenzar a hablar con todos los partidos, los de Gobierno, los independientes, los de oposición, para sacar una agenda legislativa con la mayor concertación posible; va a haber un paquete de reactivación económica, otro del Acuerdo de Paz y la agenda social”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Pero Efraín Cepeda, tras ser elegido presidente del Senado, le contestó el mismo 20 de julio: “Lo que se pueda consensuar, aquí estaremos. Pero lo que no acepta este Congreso son imposiciones. Mi partido (el Conservador), de 175 años, no es notario de nada y sabemos que se requieren algunas reformas, si las debatimos y las consensuamos aquí estaremos. Hace bien el ministro Cristo en no presentarlas hasta que no encuentre los consensos”.

Lo que dicen los analistas

Según Carlos Arias, profesor de la Universidad Javeriana, la discusión de las reformas en el Congreso puede verse empantanada por la discusión, propuesta por el mismo presidente Petro, de un ‘fast track’ (trámite rápido) o de una asamblea constituyente.

“Las reformas que presente, se le pueden embolatar, a pesar de que pueda tener buen acercamiento con un amplio sector de la Cámara”, precisa el analista, agregando que “seguramente le van a pasar las reformas que ya están en trámite y la de la salud, que ya fue concertada con algunas EPS”.

En ese sentido, Jorge Iván Cuervo, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, indicó que si bien el ministro Cristo puede representar una carta de experiencia política y de unidad para el diálogo abierto con todos los partidos, “este Gobierno tiene como una suerte de disonancia, y es que el Presidente tiene una agenda que a veces a uno le da la impresión de que es una agenda distinta a la del Gobierno”.

Y sigue: “Entonces, el Presidente tiene pronunciamientos que molestan a muchos sectores políticos y a los empresarios, y los congresistas pueden, en un momento determinado, no seguir los lineamientos de Cristo, que es el ministro de la política”.

Para el docente, que hayan sido elegidos Cepeda en el Senado y Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara, podría favorecer al Ejecutivo.

“El Partido Conservador ha acompañado al Gobierno en muchas de las iniciativas. Creo que a Petro, con Cepeda, le puede ir mejor de lo que uno pensaría; incluso mejor que con Name, y en Cámara, con Salamanca, las cosas le van a ser mucho más fáciles”, dice.

Sin embargo, Cuervo sostiene que no sería bueno que el Gobierno intente nuevamente tramitar la reforma a la salud, “porque puede volver a salir mal”, pero que se puede enfocar en las reformas que ya están avanzadas, como la de educación o la laboral.

“También viene la de justicia, no se puede olvidar que la Comisión de Justicia entrega ahora su informe; la misión de descentralización tiene unas recomendaciones muy interesantes y por ahí se puede venir la reforma de ordenamiento territorial, de la que el Presidente ha hablado”, añade.

Con respecto al ruido de una posible constituyente, el profesor indica que mientras la agenda legislativa avance, el Jefe de Estado se irá quedando sin argumentos para hablar de ese tema.

“Para mí, cada vez más es un recurso retórico del Presidente para mantener una tensión permanente con sus bases, con el sistema político, con los medios de comunicación y con las cortes, como diciendo: ‘si ustedes no me apoyan, ahí está la carta de la constituyente’; una carta que, a mi juicio, es muy improbable”, concluye.

La última oportunidad

Para Paola Montilla Niño, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, “es un hecho que el presidente Petro va a enfrentar un panorama distinto al de las dos primeras legislaturas, porque definitivamente su coalición de Gobierno se está diluyendo: cuatro partidos pasaron de ser Gobierno a independientes, y Cambio Radical pasó de independiente a ser oposición. Es decir, va a tener que enfrentar unas fuerzas políticas distintas a las de los dos primeros años”.

Y anota que uno de los factores que disminuyó la capacidad de negociación de la Casa de Nariño con las fuerzas políticas fue el anuncio de una constituyente: “Creo que generó unas tensiones en el Congreso que afectaron el desarrollo de esta legislatura”.

Entre tanto, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, advierte que “esta será la última legislatura en la que el Gobierno dispondrá de un calendario normal, pues en el 25-26 los congresistas van a estar pensando en campaña presidencial y en su reelección”.

Según él, para el Gobierno ha sido “calamitosa” la puesta en discusión de las reformas, excepto por la pensional y la tributaria, y esto, en buena medida, tiene que ver con que Colombia es un país muy reacio a los cambios resistente a discutir ciertas cosas”.

De otro lado, pese a las disculpas que pidió el presidente Petro por el escándalo que Olmedo López protagonizó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ungrd, los analistas coinciden en que hace falta, de parte del Gobierno, un compromiso superior para enfrentar la corrupción y proteger a los denunciantes.

Para Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, “este año será definitivo para saber si las grandes reformas que prometió el presidente Petro se logran materializar. El reto es grande, pues la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sigue siendo muy tensa y ahora los cobija un manto de duda por los escándalos de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo”.

Según dijo, “es responsabilidad del Congreso ser consciente de las necesidades más urgentes del país y ejercer su rol a favor del bien común”.

De igual forma, Marlon Pavón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral, MOE, destaca que, pese a la aprobación del Código Electoral en este Gobierno, la última palabra todavía la tiene la Corte.

“El Congreso tiene una gran deuda histórica y es poder reformar la institucionalidad electoral, el Consejo Nacional Electoral, para que sea una autoridad que tenga capacidad administrativa y para investigar y sancionar las diferentes irregularidades que se ven en el proceso electoral, específicamente en lo relacionado con la financiación de las campañas”, plantea.

Y puntualiza que los grandes escándalos que se han conocido ha sido por el trabajo que se hace desde la prensa y la sociedad civil, no desde una autoridad electoral que investigue”.

Pavón también advierte que en la elección del nuevo Congreso, “por segunda y última vez, se van a elegir las Jurisdicciones Transitorias Especiales para la Paz, curules que habían sido dispuestas para las víctimas y que presentaron problemas para el acceso a la financiación de sus campañas.

“No pudieron acceder a los recursos estatales para poder hacer campañas de manera equitativa y es un tema que no ha sido cambiado y es prioritario”, dice antes de hacer un llamado para que, desde el Congreso, se revisen los regímenes de contratación pública para que sean más estrictos y se eviten los desfalcos al erario.