Así se habría preparado la adjudicación del millonario contrato de expedición de pasaportes a Thomas Greg & Sons

El presidente Gustavo Petro perdió esta semana una de sus más grandes batallas durante los últimos meses, luego de que la Cancillería adjudicara un millonario contrato, cercano al medio billón de pesos, a la firma Thomas Greg & Sons.

A pesar de que el primer mandatario se oponía a que la empresa se quedara con esa licitación porque, según él, monopolizó parte de los servicios, quien hasta esta semana fue el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, metió un golazo y entregó el contrato. Todo esto con la asistencia del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien, en una polémica decisión, le devolvió a Salazar todas las facultades para contratar, ya que en septiembre de 2023, el hoy canciller suspendido Álvaro Leyva se las había quitado.

La revista SEMANA pudo conocer detalles y versiones encontradas del origen de la resolución 1344, del pasado 22 de febrero de 2024, que le dio las facultades jurídicas a Salazar para adjudicar la controvertida licitación, pasando por encima del presidente Petro. Ese hecho desató una tormenta y puso a Murillo contra las cuerdas.

Y es que el 21 de febrero, el día en que Murillo pisó el Palacio de San Carlos, ya en calidad de ministro encargado, se reunió a puerta cerrada con Leyva. En este, Murillo hizo dos afirmaciones rotundas. En primer lugar, dijo que no tenía ningún interés en meterse en problemas por cuenta de esa polémica licitación. Y, en segundo lugar, anunció que le recomendaría al presidente que conciliara.

Por lo tanto, lo anterior significaba que se tenía que devolver a Thomas Greg & Sons la licitación que había ganado. Tanto Salazar como otro vocero que le pidió al medio mencionado no revelar su nombre confirman dicha versión. Leyva quedó perplejo y le recomendó a Murillo hablar directamente con Petro, el principal opositor a adjudicar una licitación con un único proponente.

En dicha reunión, en la que Murillo reveló sus cartas, estuvo presente la persona más cercana a Leyva: Salazar, entonces secretario jurídico, y Juan Carlos Losada, quien era el director de Asuntos Jurídicos de la entidad.

Horas después del encuentro, Paola Andrea Ramírez, jefa de la Oficina Jurídica de la Cancillería, recibió la instrucción de redactar una resolución en la que se le devolvían a Salazar los poderes para contratar, en calidad de secretario general.

Otra fuente le contó a SEMANA que Juan Carlos Losada, ficha de Leyva, dio la orden y Ramírez obedeció. Murillo le habría encomendado la labor a Losada. Asimismo, el medio mencionado conoció la resolución 1344, firmada el 22 de febrero por Murillo. Allí se le devolvieron los poderes de contratación a Salazar.

En el considerando se recuerda que, mediante resolución 7076 del 5 de septiembre de 2023, Álvaro Leyva reasumió las funciones de dirigir el proceso contractual de la licitación pública 001-2023, cuyo objeto consiste en “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios”.

No obstante, la resolución firmada por Murillo le dio un giro de 180 grados a esta historia, contrario a lo decretado por Leyva: “Se hace necesario delegar en el secretario general (José Antonio Salazar), del Ministerio de Relaciones Exteriores, la dirección de la licitación pública 003-2023, así como los trámites presupuestales y la inscripción de los actos contractuales que se deriven del mencionado proceso licitatorio, y dejar sin efecto los actos administrativos a través de los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió la función de dirigir el proceso contractual, así como sus trámites presupuestales”.

El documento, finalmente, salió de la Oficina Jurídica Interna de la Cancillería, pasó por varias manos y terminó en el escritorio de Murillo. Lo revisó la abogada Jhoana Medina Ramírez, asesora del despacho del Ministro, y él procedió a estampar su firma. La profesional trabaja en la Cancillería desde 2020, según la página de Función Pública.

En cuanto a si Murillo quería beneficiar a Thomas Greg & Sons, hasta el momento es incierto porque el canciller encargado se ha negado a hablar con la prensa nacional. No obstante, Salazar considera que quería zafarse del problema, no decidir y encargar el tema en el secretario general.

El viernes 23 de febrero, Salazar empezó a trabajar desde su casa en la posible adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons y el pasado lunes 26 apareció en su despacho a las ocho de la mañana, radicó los documentos de adjudicación y se armó el escándalo.

Dos horas después, Paola Andrea Vásquez, quien lo sustituyó, dio la orden de bloquear su usuario de Secop y detuvo todos los procesos administrativos con los que pretendía obtener el certificado presupuestal. Antes le pidió que renunciara al cargo.

Hasta el día de hoy la relación entre Salazar y Leyva sigue bien y no se ha roto a pesar de su decisión sobre el polémico contrato que se convirtió en el dolor de cabeza del canciller suspendido por la Procuraduría. “Él no está enojado conmigo”, aseguró.

Mientras el Gobierno Petro insiste en que el contrato firmado no tiene validez y los abogados hacen sus apuestas, tanto Leyva como Murillo han negado referirse a esta historia en el que el gran perdedor, al menos por ahora, es el presidente Gustavo Petro.