Atención: defensa del presidente Gustavo Petro pidió nulidad en investigación por escándalo de los ‘petrovideos’

Ha comenzado el proceso legal que enfrentará el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por supuestamente haber excedido los límites máximos de gastos de campaña. La defensa ha tomado la primera medida, buscando la anulación del proceso relacionado con los polémicos “petrovideos” que emergieron durante la campaña, en los cuales se discutieron asuntos delicados como la “manipulación de la ética” y presuntas financiaciones no reportadas. Este último aspecto está siendo objeto de investigación.

Si el argumento de la defensa del presidente Petro es acogido, se invalidaría todo lo realizado en cuanto a la violación de los topes electorales, ya que se había unificado en un solo caso con el número: 5914. Esto implicaría un reinicio completo del proceso debido a la cuestión de la prueba ilícita.

El fundamento principal radica en que, más allá del revuelo nacional que provocaron los videos durante la recta final de la campaña, en el ámbito jurídico, lo que se cuestiona es la legalidad de estos elementos como pruebas en un proceso penal.

El caso, originalmente llevado por la Corte Suprema, fue remitido a la Comisión de Acusación cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, siendo este su tribunal natural. Por lo tanto, la defensa solicitó “anular todo lo actuado por una prueba ilegal en la denuncia que originó el proceso constitucional”.

Según información obtenida por Semana, el abogado Mauricio Pava, en un escrito presentado ante la Comisión, argumentó que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía delegada ante la Corte habían advertido sobre la ilegalidad de las pruebas que fundamentaron el inicio del caso contra el presidente, presentadas en la denuncia de Socorro Oliveros, esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, relacionada con la violación de los topes de campaña.

Desde una perspectiva jurídica, Pava Lugo recordó que la Corte Suprema aplicó la doctrina anglosajona del ‘fruto del árbol envenenado’, lo que esencialmente significa que el proceso está corrompido desde su origen, es decir, desde la propia prueba.

Los argumentos presentados subrayan que “la Sala concluye la ilicitud en la obtención del video que sustenta la denuncia, a causa de la intromisión en el entorno social, revestido de la prerrogativa a la intimidad donde se desarrolló la reunión (…) Circunstancia que impide de plano continuar con la investigación”.

Adicionalmente, se añade que “toda la actuación que ha venido adelantándose está viciada de ilicitud; lo que implica declarar la nulidad y emitir el auto inhibitorio, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, en situación semejante. Naturalmente, deben remitirse copias de las denuncias penales subsistentes al presidente de la Comisión de Acusación para que, en los términos del Artículo 331 de la Ley 5° de 1992, proceda a un nuevo reparto”.

El origen de la denuncia

Socorro Oliveros, esposa y gerente de campaña de Rodolfo Hernández, presentó dos denuncias penales contra Gustavo Petro y el senador Roy Barreras, quien se apartó de la campaña del candidato del Pacto Histórico tras la revelación de los llamados ‘petrovideos’.

La denuncia fue interpuesta por los delitos de fraude procesal y exceder los límites de gastos de campaña. En los videos, según la denunciante, “se aprecian conversaciones que dan cuenta sobre aportes realizados por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro, que no aparecen en los registros de campaña entregados al Consejo Nacional Electoral”.

“Se puede colegir, sin duda, que estos hechos eran conocidos por los hoy denunciados y otros miembros directivos de la campaña del candidato senador Gustavo Petro”, afirmó la esposa de Rodolfo Hernández, uno de los candidatos que competirá por la Presidencia de Colombia el 19 de junio próximo.

La primera denuncia contra Gustavo Petro y su jefe de debate, Roy Barreras, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Instrucción, por los delitos de fraude procesal y exceder los límites de gastos de campaña.

En esta denuncia, Socorro Oliveros solicitó que se abriera la investigación correspondiente y que se citara a indagatoria a Petro y Roy Barreras.

La segunda denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la Nación contra “persona indeterminada” por los mismos delitos. Además, se pidió que se iniciara una investigación, se recopilaran pruebas materiales y se citara a audiencia de imputación de cargos a quienes estuvieran involucrados en la conducta punible.