Atención: el uribismo apela a acción popular para frenar las reformas del Gobierno

El Centro Democrático radicó ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo una acción popular que busca la suspensión inmediata del trámite legislativo de las reformas sociales que impulsa actualmente el gobierno del presidente Petro.

Se trata de una acción jurídica que afectaría directamente a las reformas pensional, laboral y a la educación, así como el proyecto de ley para crear la empresa colombiana de minerales, Ecominerales.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el partido de oposición pretende concretamente que la suspensión de dichas iniciativas se mantenga “hasta que haya un pronunciamiento judicial que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que han salpicado a funcionarios del Gobierno Nacional, así como a miembros del Congreso”.

Lo anterior porque, a consideración de la colectividad liderada naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe, esa es una situación “que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados y conocidos por la opinión pública”.

De igual forma, el Centro Democrático asegura que las reformas impulsadas por el Ejecutivo contra las que correría la acción judicial presentan “serios reparos” tales como la falta de aval fiscal, además que, en su opinión, no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados ni las expresadas por la Procuraduría General de la Nación.

“La acción popular busca proteger el ahorro que millones de colombianos han hecho para poder tener una vejez digna; que se brinden garantías a servicios de salud sin interrupción alguna; que los jóvenes tengan acceso a instituciones educativas públicas y privadas en igualdad de condiciones; que a los trabajadores se les garantice la posibilidad de un trabajo formal y en condiciones dignas, y, por último, para que se evite un daño patrimonial a las finanzas públicas por decisiones sin planificación, transparencia y eficiencia”, puntualiza el comunicado.