Cali y el Valle del Cauca reclaman más seguridad e infraestructura a dos años del Gobierno Petro, dicen analistas

Dos años después de que Gustavo Petro llegara al butaco presidencial, los caleños y demás vallecaucanos se preguntan cuáles han sido los avances que se han logrado desde la Casa de Nariño para una región que fue protagonista en la victoria del actual mandatario.

El panorama parece poco favorable para el Presidente, quien en 2022 se comprometió a solucionar las necesidades sociales, económicas y educativas del departamento.

“Petro no le ha dado la prioridad que se merece la región conforme a la cantidad de votos que sacó en ella. La región pacífica fue definitiva en la votación para que él ganara y también el fenómeno de Francia Márquez, pero los territorios que hoy están más asediados y en disputa por el narcotráfico son los que representa la vicepresidenta”, opina el analista Eduardo Llano.

De acuerdo con él, el consultor político Álvaro Benedetti anota que “excepto por lo que ha sido el reconocimiento de Cali como sede de la COP16, que fue un esfuerzo regional al que se sumó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, no se percibe que haya mayor preponderancia en la toma de decisiones para con el Valle del Cauca”.

Para él, “el departamento se mira con cierta opacidad y parece no importar mucho que sea la tercera economía nacional, así como el peso relativo que tiene su industria, además del peso demográfico, que pareciera no interesar a los propósitos de inversión nacional. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo no quedó incluido ninguno de los proyectos estratégicos que se ventilan importantes para el Valle, excepto los que se traían del Gobierno anterior”.

También, las fuentes coinciden en que una de las deudas que tiene la región es la seguridad y la inversión, las cuales son carencias cada vez más visibles conforme se acerca la celebración de la COP16 en octubre.

Sobre el primer punto, la senadora por el Partido de la U Norma Hurtado menciona que se han hecho “llamados urgentes solicitando mayor apoyo desde el nivel nacional para fortalecer la Fuerza Pública, mejorar la infraestructura, invertir en tecnología y reforzar planes de prevención. El suroccidente del país, especialmente el Valle, necesita acompañamiento del Gobierno en municipios críticos como Jamundí y Tuluá”.

Desde el observatorio ‘Cali Visible’ de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Ojeda coincide en que el desempeño del Mandatario no es el esperado: “No hay mucho en obra pública que le haya dejado al departamento y a esta ciudad. La agenda regional no ha avanzado y la política de seguridad que ha implementado el Ejecutivo, denominada Paz Total, con grupos al margen de la ley, en su mayoría ha tenido resultados negativos. Eso lo hemos percibido en las zonas alta y urbana de Jamundí”.

De hecho, los llamados de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y del alcalde de Cali, Alejandro Eder, han sido reiterativos, ante la creciente ola de violencia en el departamento, que ya ha dejado varias víctimas, para que desde Bogotá sean reforzadas las políticas de seguridad regionales, pero no han tenido óptima respuesta.

Los pendientes

Las fuentes consultadas están de acuerdo en que además de la seguridad y de combatir las economías ilícitas, la mayor deuda que tiene la Administración central con Cali y el Valle tiene que ver con la infraestructura.

“Tenemos obras estratégicas en riesgo, como la construcción de la Vía Mulaló-Loboguerrero, debido a la falta de conciliación entre el Gobierno Nacional y la concesión. Esta obra es esencial para conectar al suroccidente del país con Buenaventura, beneficiando a Cali, Yumbo, Mulaló, Pavas, La Cumbre, Restrepo y Loboguerrero”, señaló Hurtado.

Explicó que “su fracaso significaría pérdidas por $ 4,4 billones en 10 años, más de 2600 empleos anuales desaprovechados y la ineficiencia en el transporte de 262.803 vehículos que mueven toneladas de alimentos y mercancías”.

Asimismo, subrayan la necesidad de que en Cali haya un plan de vivienda para disminuir el déficit que tiene.

“Petro debería comprometerse con la seguridad y con el desarrollo de Buenaventura, porque tiene grandes deudas con la región y su figura ha venido perdiendo apoyo sistemáticamente en cuanto a reconocimiento de su gestión”, analiza Llano.

Otro de los pendientes que señala la congresista es que “la gestión del Gobierno ha provocado que las redes hospitalarias estén al borde de la quiebra debido a la insuficiencia del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, la lentitud en el pago de presupuestos máximos y las demoras en el pago de deudas. Los datos de la red pública del Valle evidencian una deuda que alcanza el billón de pesos por parte de las EPS mayoritariamente intervenidas por la Superintendencia de Salud”.

De otro lado, el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo resalta los esfuerzos del Ejecutivo en materia de educación: “Vamos a tener una red de universidades en Cali, universidad pública con una inversión de más de $ 170.000 millones, así como un centro de alto rendimiento deportivo de $ 70.000 millones y alrededor de cinco colegios, que cuestan $ 20.000 millones”.

Además, asegura que está en asignación el arreglo de casi todos los centros de salud del Valle, y que en Cali se va a hacer un nuevo hospital para la ESE Ladera, a reformar los quirófanos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y a reforzar las áreas de maternidad, ginecología, además de construir otra torre en el Isaías Duarte Cancino.