Carlos Fernando Motoa rechazó acusaciones de corrupción y aseguró que está atento a las disposiciones de las autoridades

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa Solarte rechazó los hechos de presunta corrupción a los es vinculado, a propósito de las investigaciones sobre una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social.

Los nombres de los demás implicados en ese caso son los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos y Miguel Ángel Barreto.

Es por ello, que el pasado sábado 20 de enero, Motoa publicó un comunicado en el que señaló que “las recientes noticias publicadas en medios de comunicación no consideran mi actuar y se fundamentan en hipótesis de la Fiscalía General, quien al no ser mi juez natural, imposibilita el ejercicio de mis derechos de defensa y contradicción”.

Según él, “la información inexacta proviene de alguien que, habiendo confesado sus delitos, ha manifestado no conocerme ni tener relación alguna conmigo”.

Además, en el comunicado se refirió al que “el principio de presunción de inocencia y el de debido proceso deben orientar las actuaciones judiciales y de los medios de comunicación en pro de la garantía de los derechos a la dignidad, el buen nombre y la honra”.

Y finalizó: “Con la rectitud, la transparencia y el respeto por las instituciones que han caracterizado mi servicio público, estaré atento y dispuesto a las solicitudes de la autoridad competente, la Corte Suprema de Justicia, en cuyo criterio y rigurosidad confío para esclarecer la verdad”.

¿Cuál es el caso en el que se le acusa?

Según los investigadores del caso, este sería un nuevo episodio del entramado de corrupción de ‘las Marionetas’, nombrado de esa manera por el excongresista liberal Mario Castaño, quien murió en la cárcel La Picota, y que durante años manejó la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.

El pasado 20 de enero, la revista Semana reveló la forma en la que operaba esa red y en la que también habría estado relacionado Pierre García Jacquier, quien en 2018 fue nombrado director encargado del DPS, un despacho en el que se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, pero en realidad, cada congresista se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social, los cuales, en su mayoría, las obras siguen sin terminarse.