Caso Nicolás Petro sigue congelado en los estrados

A pesar de que se esperaba que la agenda política y judicial del 2024 estuviera marcada por la investigación contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito y las indagaciones derivadas a la supuesta financiación irregular de la campaña que llevó a su padre a la Presidencia, los procesos parecen no despegar y la dilación es cada vez mayor.

Lo cierto es que, con el pasar de los meses, el escándalo de corrupción detectado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, le ha robado protagonismo a lo denunciado sobre el hijo del presidente Gustavo Petro, al punto de que de algunas de esas investigaciones ni siquiera se conoce la primera decisión judicial.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del Mandatario colombiano, fue capturado en Barranquilla el 29 de julio de 2023, junto a su ex esposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra, al haber firmado un principio de oportunidad con la Fiscalía.

La hipótesis de la investigación revelaría que el exdiputado del Atlántico habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de mil millones de pesos y habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades.

Lo anterior fue sustentado por la Fiscalía argumentando que la única fuente de ingresos que tenía Petro Burgos era su trabajo como político. De hecho, en sus declaraciones de renta reportó únicamente sus ingresos por su labor en la Asamblea del Atlántico. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado, pero el ente acusador le ‘pescó’ varios lujos que no se podía dar teniendo como base esos ingresos.

Por ejemplo, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, por $ 23 millones, y el alquiler de una casa condominio, en julio de 2022, en Puerto Colombia, por $ 86 millones. En noviembre de ese año pagó otro arriendo en Altos de Bonavista por $ 38 millones y para esa misma época ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará por $ 334 millones, y adquirido un Mercedes Benz por $ 200 millones.

Todos esos gastos y otros, sumaban al menos $ 1450 millones, según la Fiscalía, pero, a corte de 2022, Petro Burgos solo podría justificar $ 280 millones. Además, habría pruebas de que ocultó bienes, borrando su nombre de cualquier rastro, y puso a terceros, entre ellos a familiares de Day Vásquez, como los verdaderos propietarios.

Por ello, el ente acusador lo imputó e incluso se adelantó una fallida negociación durante la audiencia en la que el hijo del Presidente señaló que contaría “la verdad”. Luego de varios aplazamientos, fue acusado en enero de 2024 y hasta ahora el proceso se encuentra en etapa preparatoria de juicio.

Eso se dio luego de que se conociera que la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, asumirá el proceso penal en reemplazo de Mario Burgos, contra quien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos, acusado de filtrar los videos de un interrogatorio y la captura de Nicolás Petro. Se espera que la próxima audiencia sea el 11 de septiembre.

Aunque ese proceso no muestra mayores avances, es el único con algún resultado concreto. Fuentes le confirmaron a Colprensa que las pesquisas contra el hijo del Mandatario por presuntas alteraciones de renta siguen en indagación, a pesar de los anuncios de la Fiscalía de imputar nuevos cargos en su contra. Es el mismo hecho que sucede con las investigaciones por presuntos beneficios que habría recibido en la firma de una serie de contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social entre los años 2021 y 2022.

La campaña presidencial

Producto del interrogatorio que rindió Petro Burgos, en el que dijo que sabía de supuestos ingresos irregulares de dinero a la campaña electoral de su padre y que después se retractó asegurando que fue doblegado “moral y físicamente” por la Fiscalía, esta entidad compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

En el caso de la Corte Suprema, que investiga al representante a la Cámara Agmeth Escaf y al senador Pedro Flórez, por presuntamente haberse beneficiado en sus campañas con los posibles dineros irregulares que también habrían entrado a la de Gustavo Petro, el proceso sigue en la recolección de testimonios claves, sin arrojar hasta ahora ningún resultado concreto.

El alto tribunal envió al magistrado César Reyes a Barranquilla el 29 de julio para escuchar a Nicolás Petro y a su ex esposa Day Vásquez y ante el Tribunal Superior de esa ciudad, Petro Burgos rindió testimonio durante aproximadamente una hora y 40 minutos.

En su declaración, mencionó al empresario Christian Daes como posible contribuyente a la campaña de Escaf, utilizando a su ex esposa María Antonia Pardo como intermediaria para canalizar los fondos.

La investigación también incluye a Euclides Torres como supuesto contribuyente a la campaña de Flórez.

Por su parte, Vásquez, acompañada de su abogado Alait Freja, se centró en proporcionar información sobre el origen de los fondos de ambas campañas, con el objetivo de esclarecer las posibles irregularidades en las que habrían incurrido.

Ahí mismo, la Corte Suprema decidió mantener las restricciones impuestas a Day Vásquez, quien sigue sin poder salir del país ni participar en actividades políticas debido a las acusaciones de lavado de activos.

Estas medidas fueron confirmadas por un juez en Barranquilla, quien destacó que el proceso legal contra Petro Burgos y su expareja aún no ha concluido y que se encuentran pendientes varias etapas críticas del mismo.

Como parte de la investigación, la Sala de Instrucción de la Corte ha citado a varios funcionarios del Gobierno Nacional y congresistas a rendir sus testimonios. Entre los citados se encuentran la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia; el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. En total, durante el proceso se “han realizado más de diez testimonios”, pero hasta ahora no se ha anunciado ninguna decisión.

Y ni qué decir de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya recibió el testimonio del hijo del Mandatario, pero más allá de eso no ha producido un solo resultado de sus investigaciones.