Caso Ungrd, ‘Pitufo’ y Nicolás Petro; así van las investigaciones que lidera la Fiscalía a cargo de Luz Adriana Camargo

El pasado sábado, 22 de marzo, se cumplió un año desde que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tomó las riendas de esta entidad. A su llegada tuvo que asumir la responsabilidad por la investigación de casos que venían de tiempo atrás y a los que se sumaron nuevos escándalos que salpicaron a contratistas, funcionarios e incluso personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Como lo ha asegurado en diferentes espacios, el propósito de la entidad bajo su mando no es llenar indicadores de resultados, sino producir un impacto significativo en la lucha contra el crimen, además de actuar con base en pruebas sólidas, que puedan sustentarse en un juicio, y no en hipótesis que después se derrumben cuando lleguen al despacho de un juez.

Ese ha sido el argumento que ha utilizado para defender su gestión de las críticas que ha recibido de algunos sectores por el poco avance de las investigaciones en la entidad.

Entre los procesos más cruciales que han llegado a la Fiscalía, bajo la administración de Camargo, está el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd), que busca destapar la “organización criminal”, como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública, emitidas por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Por esta investigación, hay siete personas tras las rejas, de las cuales Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto, Luis Alberto López y el abogado Édgar Rivero ya firmaron acuerdos con la Fiscalía y están pendientes de ser aprobados por jueces de la República.

La investigación, sin embargo, no ha llegado a niveles más altos, aunque en los medios de comunicación se han mencionado nombres de exministros y ex altos funcionarios como Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, quienes no han sido llamados a interrogatorio por la Fiscalía aunque su nombre ha salido en los testimonios recibidos por la Corte Suprema de Justicia, que investiga a varios congresistas por este escándalo.

De mayor magnitud es el caso relacionado con Diego Marín, alias Pitufo, el llamado ‘zar del contrabando’. Marín, que está en Portugal tratando de evitar su extradición a Colombia, era el máximo líder de una red de la que hacían parte presuntamente Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, señalado como su segundo al mando, y Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho.

Esta red habría cooptado a cerca de 100 funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El caso no solo ha desatado polémica por los funcionarios involucrados, sino por la denuncia hecha por el fiscal Andrés Marín, quien alegó que le quitaron el caso cuando iba a solicitar las capturas. Hecho que negó la Fiscal argumentando que la Dirección Especializada contra la Corrupción ya llevaba otro proceso que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, judicializó a alias El Bendecido; al coronel en retiro Alexander Galeano Ardila; al mayor Mario Andrés Sarmiento; a José Helí Álzate, alias Alejo o ‘Pupilo’; y a Juan Francisco Solano, alias Millos, por lo que decidió unificarlo.

Un Grupo de Tareas Especiales indaga los posibles contactos que esta red habría tenido con generales, hoy en retiro, y otros altos funcionarios del Estado.

Por otro lado, la Fiscalía también indaga la lista que el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, le entregó a la fiscal general en la que menciona a 38 congresistas que habrían recomendado “ahijados políticos” para ocupar cargos en la Dian y en la Polfa.

Además de esos casos, la Fiscalía continúa investigando una supuesta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. En declaración jurada han sido escuchadas personas que hicieron parte del área financiera de la campaña. Se investiga el ingreso de $500 millones que no habrían sido debidamente reportados por parte del sindicato de los profesores, Fecode, y el supuesto aporte que habría ascendido a los $600 millones por parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).

La Fiscalía también adelanta indagaciones contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, entonces gerente de la campaña al Congreso por el Pacto Histórico, por el supuesto traslado de candidatos de ese partido político en avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS, de la que es socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, un presunto narcotraficante. También se investiga a la vicepresidenta Francia Márquez por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. A la fecha no se conocen mayores detalles.

Adicionalmente, la Fiscalía ha escuchado en entrevista a varias personas que conocieron sobre la presunta entrega de 500 millones de pesos en efectivo de parte de ‘Papá Pitufo’, destinados a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Ante lo anterior, el primer mandatario ha dicho que ese dinero nunca fue recibido.

La Fiscalía investiga también al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A la fecha el proceso se encuentra en etapa preparatoria y la Fiscal General no descarta que se pueda lograr un preacuerdo.

En 2024, Alexánder López, director de Planeación Nacional, denunció que 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) Paz estaban perdidos por presunta corrupción. La investigación no ha avanzado y sigue en indagación.

Caso opuesto ocurre con la red de corrupción denominada ‘Las Marionetas’, liderada por el fallecido excongresista del Partido Liberal Mario Castaño. Por esos hechos, ya fueron judicializadas 67 personas por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos, concusión, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, destrucción de elementos materiales probatorios. 13 de los acusados ya fueron condenados.

Por último, por la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados en el que se apropiaron de 15.000 millones de pesos del anticipo por el contrato, fueron condenados Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, Juan José Laverde y Jorge Enrique López Benavides. En etapa de juicio se encuentran los empresarios Otomar Lascarro y Ángel Cáceres Bayona.