Caso Ungrd: salen a la luz chats que comprometerían al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la compra de congresistas

El escándalo de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo, Ungrd, continúa salpicando funcionarios del gobierno y cada vez son más los detalles que demostrarían la culpabilidad de los mismos.

Esta vez, el turno fue para el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien el exdirector de esa unidad, Olmedo López, culpó de sobornar congresistas para conseguir votos positivos en las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

A propósito, en la noche de este miércoles 17 de julio, Noticias Caracol reveló los chats de Sneyder Pinilla, exdirector de la Ungrd, los cuales comprometerían al ministro Bonilla directamente.

Fue la Unidad Investigativa del noticiero citado la que tuvo acceso a los chats que le entregó Pinilla a la Fiscalía General de la Nación. En los mensajes, se revela la estrategia que presuntamente dirigió el Ministro de Hacienda para comprar votos en el Congreso.

Cabe mencionar que la mayoría de esos chats, son del propio ministro Bonilla con Sneyder Pinilla.

De acuerdo con Noticias Caracol, los chats también dan cuenta de conversaciones de Pinilla con la asesora del Jefe de la cartera de Hacienda, María Alejandra Benavides, para que les cumplieran a los congresistas, supuestamente, beneficiarios de contratos que superan los 92.000 millones de pesos.

De hecho, Benavides le entregó a dicho exfuncionario de la Ungrd los contactos de los contratistas elegidos y este les ayudó a redactar las propuestas para asegurar esos desembolsos.

Sin embargo, los salpicados no terminan ahí, pues Jaime Ramírez Cobo es quien habría figurado como el enlace entre el Gobierno Nacional y el Congreso.

Sobre los chats

Las conversaciones dan cuenta de que el ministro Bonilla habría influido para que se entregaran contratos de la Ungrd en tres municipios: Carmen de Bolívar, en Bolívar ($ 11.700 millones); Saravena, en Arauca ($ 34.000 millones), y Cotorra, en Córdoba ($ 46.000 millones).

Y es que, en mensajes intercambiados con Pinilla, el ministro habría coordinado la entrega de proyectos a estos tres municipios, para beneficiar a un grupo de seis congresistas con el objetivo de que votaran en favor de las reformas radicadas.

El presunto entramado de corrupción habría iniciado el 11 de diciembre de 2023, cuando el Ministro de Hacienda firmó la resolución 3202 de su dependencia, en la que asignó recursos por el orden de los 700.000 millones de pesos para la Unidad.

Después, el 14 del mismo mes, Ramírez Cobo contactaría a Pinilla para gestionar la entrega de los recursos, por más de $92.000 millones, en los tres territorios, por lo que relacionó un cuadro con Carolina; secretaria de López.

Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso, le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Ese mismo día, el cuestionado asesor aparentemente le envió el contacto de WhatsApp del ministro Bonilla, quien, alrededor de las 6:03 p. m. le escribió a Pinilla. “Buenas tardes, subdirector”, y de inmediato, le manifestó su preocupación por el “destino de los recursos de los proyectos viabilizados”.

Después de esta conversación, se coordinó una reunión entre López y el ministro Bonilla para el día siguiente, 15 de diciembre de 2023, con el propósito de discutir los contratos pendientes de trámite.

Pasaron cerca de seis días para que Benavides reapareciera con sus consultas y comenzara, según explicó Pinilla al ente acusador, a insistir en la necesidad de proceder rápidamente con las resoluciones y los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) de los tres proyectos en discusión. Incluso, sugirió declarar calamidades públicas que ni siquiera existían.

Luego, el 14 de febrero de 2024, Benavides fue aún más persistente: “Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro”. Pinilla le habría respondido que tuvieron que reestructurarlos porque estaban muy “flojos”, lo que causó la demora en su trámite, a pesar de la importancia que tenían para el Ejecutivo.