CNE niega recusaciones contra tres magistrados y continúa con investigación contra el presidente Gustavo Petro

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, tomó la decisión este miércoles de negar las recusaciones presentadas contra los magistrados Fabiola Márquez, Álvaro Hernán Prada y Olga Lucía Velásquez a cargo de los procesos que se adelantan contra la campaña electoral del presidente en 2022.

El alto tribunal determinó que los tres magistrados podrán continuar conociendo del caso. Cabe destacar que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron hace algunas semanas una ponencia ante la sala plena de la corporación, con el fin que la misma abra pliego de cargos contra varios funcionarios de la campaña presidencial, incluido el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la misma.

La ponencia señaló que para la primera vuelta presidencial de Gustavo Petro se superaron los topes electorales en $3.709 millones, mientras que para la segunda vuelta no fueron reportados al menos $1.646 millones, lo que llevaría a un gran total de $5.355 millones, según lo que se indica en la ponencia.

Entre las cuentas se encuentra el aporte de 500 millones de pesos que hizo en su momento la Federación Colombiana de Trabajadores, Fecode; un supuesto préstamo que entró a la campaña de parte del partido Polo Democrático, también por $500 millones, al igual que los $931 millones con los que se pagó la gestión de los testigos electorales y otros $356 millones que fue dinero de la propaganda electoral.

Con la decisión de la Sala Plena, el CNE ahora podrá concentrarse en analizar de la solicitud de la Comisión de Acusaciones con el objetivo de esclarecer las denuncias y posibles irregularidades en el comportamiento del Presidente. Las demás indagaciones más complejas y con repercusión política, serán encargadas a los magistrados que se ratificaron en sus puestos.

Cabe resaltar que la resolución del CNE de conservar a los magistrados en el caso del Mandatario es importante en cuanto ayuda a garantizar la continuidad y consistencia del en el proceso investigativo. Esta medida además sirve como refuerzo de la independencia de dicho organismo electoral y el debido proceso.

La Comisión de Acusaciones realizará una revisión detallada de los documentos y evidencias presentadas por la Comisión de Acusaciones. Este análisis va a ser indispensable para determinar los procedimientos que deberán realizarse posteriormente en las investigaciones en contra del primer Mandatario.

Las conclusiones del Concejo Nacional Electoral podrían tener implicaciones significativas para el actual Gobierno y para la escena política en el país.