¿Cómo le fue a la procuradora saliente, Margarita Cabello, en su periodo de gestión?

Tras cuatro años al frente de la Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, la primera mujer elegida como jefe de ese poderoso órgano de control disciplinario desde su creación hace casi 200 años, deja un legado marcado por cuestionamientos sobre su papel.

Mientras algunos sectores destacan avances institucionales y decisiones clave, otros critican posibles sesgos políticos en su gestión, señalando un trato favorable al Gobierno de Iván Duque, y tensiones con la administración de Gustavo Petro, lo que reavivó el debate sobre la independencia del ente y la necesidad de reformarlo.

Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2024, el órgano de control emitió 517 fallos sancionatorios contra funcionarios de elección popular, destacándose los alcaldes con 262 decisiones, equivalentes al 50,7%.

Según el informe presentado en la rendición de cuentas de este mes, entre los principales logros de su administración se destacaron el fortalecimiento institucional, la implementación de un enfoque diferencial y de género, así como la promoción de la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se reveló que ingresaron 336.245 casos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 22 de noviembre de 2024, de los que se concluyeron 312.661, permaneciendo activos 23.584.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, calificó el periodo de Cabello como “positivo” en términos institucionales y destacó la vinculación de personal estratégico y la toma de decisiones importantes que fortalecieron la Procuraduría.

Sin embargo, advirtió que persiste una deuda en la adaptación de estándares internacionales que impiden sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular, en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Se han buscado todas las alternativas y todas las vías para hacerle ‘quite’ al cumplimiento de un fallo de una corte interamericana de derechos humanos. Eso es impresentable”, sentenció el penalista.

¿Tensiones con Petro?

La gestión de Margarita Cabello fue vista por algunas fuentes consultadas como “controvertida”, al destacar que, aunque podría haber buscado un equilibrio institucional, sus decisiones generaron percepciones de parcialidad.

“La postura de Cabello frente al presidente Gustavo Petro podría interpretarse como un intento de equilibrio institucional, pero sus decisiones, como la suspensión de alcaldes afines al Mandatario, fueron vistas por algunos sectores como excesivamente confrontativas”, explicó Germán González, consultor y analista político.

Detalló que este enfoque “contrastó con su aparente silencio frente a posibles irregularidades del gobierno de Iván Duque, lo que refuerza la percepción de un sesgo político” y explicó que “su cercanía con el gobierno anterior no solo marcó su designación, sino también la percepción de parcialidad que pesó durante su gestión”.

Por su parte, Bernate aseguró que “no se puede percibir a la Procuraduría como una entidad que está adelantando una persecución al petrismo”, agregando que no es cierto que sus decisiones sobre la actual Administración tuvieron un trato distinto.

Explicó que, aunque algunos procesos disciplinarios avanzaron más rápido, como en el caso del excanciller Álvaro Leyva, esto obedeció a procedimientos abreviados previstos en la legislación colombiana y no a un favoritismo político.

La Procuraduría “se convirtió en un actor clave en el pulso político colombiano”, destacó González, quien alegó que bajo Cabello, “el órgano de control fue señalado como un bastión de la derecha” que “profundizó la polarización y dejó la impresión de un órgano más político que técnico, debilitando su legitimidad ante sectores progresistas”.

Además, en sus palabras, la salida de Cabello “revive la discusión sobre la necesidad de reformar la entidad en un país donde la confianza en las instituciones ya es frágil” y que este papel de “árbitro parcial” deja “profundas divisiones”.

En los últimos meses, la Procuraduría ha estado involucrada en varios casos que han puesto al presidente, Gustavo Petro, en el centro de la polémica. Uno fue la destitución de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México, una decisión que el Jefe de Estado criticó, alegando que la actuación de la Procuraduría causó “mucho daño”.

La procuradora Cabello fue acusada por el Presidente de favorecer una visión tradicionalista en la diplomacia, rechazando la designación de un joven diplomático como Ninco Daza.

Otro caso que involucra a Petro es el desacato a un fallo judicial sobre la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Mandatario realizar nombramientos en esa entidad, lo que no ocurrió dentro del plazo establecido.

Esto llevó a la Procuraduría a abrir un incidente de desacato, presionando a Gustavo Petro para que cumpliera con la sentencia.

Además, el ente de control también tomó acciones en contra de figuras políticas cercanas al Presidente, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien se le impuso una sanción por participación en política, exacerbando las tensiones entre el Gobierno y el ente de control.

La Procuraduría también sancionó al exministro Leyva por su participación en el escándalo de la licitación de pasaportes.

Cabello rechazó las acusaciones de Petro, quien había señalado que su gestión estaba llevando a cabo una persecución contra su Gobierno, afirmando que su despacho tiene la misión de investigar y vigilar las acciones de cualquier Gobierno, tal como lo hizo durante la Administración Duque.

Y recordó que su función no solo es sancionar, sino también prevenir y advertir sobre posibles irregularidades. Aclaró que porque se investiguen denuncias en el gobierno de Petro no es por un sesgo político, sino a su responsabilidad institucional de velar por la transparencia.

En el marco de las investigaciones contra funcionarios del Gobierno Duque, la Procuraduría decidió archivar el expediente que involucraba a la exministra de la TIC Karen Abudinen en el caso de Centros Poblados.

Este proceso había generado controversia, debido a la pérdida de $ 70.000 millones. La Procuraduría concluyó que no se hallaron pruebas que involucraran a Abudinen en una falta disciplinaria, por lo que se determinó el archivo definitivo del expediente. Abudinen fue compañera de Gobierno de Cabello y era evidente su cercanía.

También, dijo no se encontrado evidencias de la adquisición del software espía ‘Pegasus’ en el Gobierno Duque, en el que fue ministra de Justicia.