¿Cómo le fue al Congreso en medio de la cuarentena?

El periodo de sesiones ordinarias que terminó en el Congreso de la República el pasado sábado 20 de junio, sin duda es uno de los más atípicos que ha tenido que vivir el Legislativo.

En medio de las dificultades para sesionar durante la emergencia sanitaria, la Corporación logró sacar adelante varias leyes, sin embargo, para algunos analistas, el balance de esa labor es pobre.

La primera parte del periodo legislativo, que comenzó a mediados de marzo (justo cuando el país entraba en cuarentena por la emergencia), los congresistas debieron invertirla en definir si iban a sesionar de manera presencial, virtual o semipresencial y cómo hacer para que las votaciones virtuales tuvieran legitimidad.

Casi hasta mayo, seguía aún la polémica entre los parlamentarios sobre cómo debían sesionar, pues algunos sostenían que las sesiones virtuales no eran suficientes para ejercer la labor de contrapeso que debe cumplir el órgano legislativo.

La presencia de casos de coronavirus en el Capitolio sirvió, sin embargo, de argumento a quienes creían que las sesiones debían continuar siendo virtuales, como finalmente ocurrió hasta concluir la legislatura, aunque se mantuvo la presencia de algunos funcionarios en la sede del Legislativo.
Esta situación anómala hizo que el balance del legislativo no haya sido muy abundante en normas aprobadas, aunque vieron la luz proyectos que habían tenido un camino tortuoso por la Corporación y otros que tienen un importante contenido social.

Entre las iniciativas aprobadas por el legislativo, la más destacada fue la aprobación de la cadena perpetua para violadores de niños, un proyecto que dio vueltas entre el Congreso y las convocatorias a referendo por más de 10 años sin ser aprobado. Sin embargo, desde ya se vaticina que será demandado y tendrá que llegar a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre si se ajusta o no a la Constitución.

Otro proyecto destacado fue la aprobación del proyecto de ley de pliegos tipo, que hacía parte de la aplazada agenda anticorrupción y que era un compromiso que el presidente Duque había asumido.

En las sesiones legislativas también terminaron aprobadas varias normas de contenido social.

Entre estas, la que dispone un manejo especial al transporte escolar especial en zonas alejadas, que le facilita a los municipios la contratación de servicio de transporte escolar, en lugares de difícil acceso, lo que puede ayudar a que muchos niños con problemas para ir a estudiar, especialmente en zonas rurales, puedan hacerlo.

También se aprobó la ley que incentiva la contratación de adultos mayores que no cuentan con una pensión, con beneficios tributarios para las empresas que les den empleo.

Está en la lista la ley de borrón y cuenta nueva, que consiste en otorgarle una amnistía a los deudores reportados en centrales de riesgo, una única vez, si se ponen al día con sus obligaciones.

Así también, la ley de pago a plazo justo, que reduce los tiempos en los que las grandes empresas deben pagarle a sus proveedores, lo que les permita tener un mejor flujo de caja a los pequeños y medianos empresarios.

Igualmente, la ley antitrámites, que plantea crear un archivo digital con los documentos de todos los ciudadanos de Colombia, para reducir tiempos en sus trámites con el Estado.

Ocurrió lo mismo con Proyecto de Ley por el cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas colombiana, con el que se busca concertar una política pública nacional para la población sorda del país.

Aunque, según la ministra del Interior, Alicia Arango, “nunca antes se habían tenido tantas citaciones de control político en un período de tiempo”, la labor del Congreso como contrapeso político del Presidente sí se vio afectada por las circunstancias extraordinarias de la pandemia.

Mientras que el Presidente alcanzó en este semestre a declarar dos veces el estado de emergencia por los efectos económicos de la pandemia, lo que le permitió dictar más de un centenar de decretos con fuerza de ley, para atender la crisis del coronavirus, solo en una de las últimas sesiones de la legislatura, el Congreso se pronunció sobre la conveniencia de la declaratoria, que se había hecho en marzo.

Además, lo hizo en una única sesión, que, por coincidir con la votación de varios proyectos que debían ser estudiados antes de que concluyera el periodo legislativo, no tuvo mucho tiempo de debate. Algunos congresistas protestaron por lo que consideraron fue una limitación de las atribuciones constitucionales del Congreso.

“Me sorprendió la forma dinámica como al final terminó el Congreso el período de sesiones. Yo pensé que no iba a aprobar ninguna ley y al final logró aprobar proyectos de ley e incluso de reforma constitucional, lo cual es positivo. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que la mayoría son leyes que uno pudiera llamar subsidiarias o sin gran trascendencia”, afirma el analista político John Marío González.

Dice que el “gran lunar del Congreso” es la falta de control político a todas las medidas del Gobierno en el marco la declaratoria de emergencia. Pero cree que es, de cierta manera, entendible en la medida de la enorme cantidad de decretos que se expidieron, con lo que al Legislativo le queda casi imposible hacer la tarea de una revisión juiciosa y profunda.

“La labor del Congreso en cuanto al control político se limitó a esbozar los perfiles demagógicos y populistas de la gran mayoría de parlamentarios de la oposición, y de parte de los que están con el gobierno a defender al Ejecutivo, pero un análisis juicioso de las medidas tomadas en el marco de la pandemia no hubo”, apunta.

Por su parte, Carlos Andrés Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado, considera que pese a que el comienzo de sesiones estuvo marcado por “una discusión a veces bizantina y prácticamente ridícula de cómo se debería sesionar”, al final se hicieron avances significativos.

“Uno de esos avances es la puesta en marcha de la cadena perpetua para los violadores de niños; el proyecto que crea la Región Metropolitana de la Sabana, y la reforma del habeas data financiero”.

Arias también destaca otros proyectos que no recibieron tanta atención mediática como la Ley Jacobo, que permite la eliminación de trabas administrativas en el sistema de salud para los niños con cáncer; la amnistía para que los morosos de multas de tránsito puedan ponerse al día, y la prohibición de los experimentos en animales con fines cosméticos.

Las sesiones virtuales no estuvieron exentas de accidentes virtuales en los que algunos congresistas terminaron siendo el blanco de las críticas por sus inoportunas actuaciones.

Uno de los más recordados ocurrió en una sesión virtual de la Comisión Séptima del Senado. El senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, dejó abierto el micrófono mientras atendía una llamada. En la conversación dijo: “qué más mi hermano, no joda el mismo mierdero de siempre el ‘hijueputa’ de Motoa no nos deja votar”. El propio senador Fernando Motoa le llamó la atención por lo que acaba de pasar. Y Castillo, aunque al principio lo negó, al final no le quedó de otra que disculparse.

La semana pasada, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del partido Centro Democrático, salió a trotar en medio de una sesión virtual. Cuando se le pidió que diera su voto en un proposición, se le escuchó decir que ya dio su voto, y añadió: “qué pena, es que estoy acá haciendo ejercicio, aprovechando el día”. Las críticas no se dieron a esperar.

En una comisión virtual en la que se adelantaba una votación de proyectos, el representante a la Cámara César Martínez, del Centro Democrático salió sin camisa ante la cámara. Al parecer, entró a la reunión sin percatarse de que tenía la cámara encendida, y la deshabilitó poco después.

En otra sesión, al representante a la Cámara José Caicedo, del partido de la U, dejó la cámara encendida, lo que permitió ver pasar a un hombre desnudo.