¿Cómo se negociará? Detalles del borrador de la Ley de Sometimiento de bandas criminales

Lo que comenzó como un rumor en horas de la mañana del viernes, poco a poco fue tomando forma y al mediodía el tema de conversación en el país era un borrador de una Ley de Sometimiento, que se había filtrado a algunos medios de comunicación.

Primero se dijo que ese borrador era falso, pero ante la gran cantidad de llamadas a los parlamentarios y dirigentes políticos, se fue abriendo poco a poco el conocimiento de este proyecto, que busca cristalizar un proceso de paz total en el país, tal y como lo ha reiterado el presidente Gustavo Petro.

Y es que no es para menos, el revuelo causado por estos anuncios sobre rebajas de penas, hasta del 60 %, conservación de parte de las fortunas para quienes se acojan, y prisión comunitaria, dejaron a más de un ciudadano sorprendido, sobre lo que se pretende con este proyecto, del que apenas se conocen algunos detalles.

Uno de los líderes en el Senado con todo lo que tiene que ver con la paz total y coautor de esta iniciativa, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dijo que este es un proyecto extenso de más de 80 artículos y que fija con toda claridad cuál será el sentido y el procedimiento de la posible desestructuración de las organizaciones que actúan al margen de la ley.

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“Allí se contemplan visiones que modifican sustancialmente el régimen punitivo que existe hoy en el país, se flexibilizan algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia, se otorgan prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad, reparación junto a la justicia y también se crean vías expeditas para que ese proceso de desmantelamiento funcione”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que se está a la espera de las observaciones de los ministros de Justicia, Néstor Osuna; el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa; y el presidente Gustavo Petro, para que den su concepto, sin ello todo lo que se diga es simplemente una especulación.

Para quienes están en la oposición al Gobierno, como la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, este es un momento muy grave para el país, “porque lo que se le está proponiendo a la delincuencia organizada del país es con pocos meses de cárcel todo queda saldado y no pierdan sus bienes y son ellos quienes dicen qué bienes son lícitos o cuáles son ilícitos”.

Lo que se conoce hasta el momento es que habrá una reorganización de penas y sus cuantías, y otro de los objetivos del proyecto es desmontar el esquema de prohibiciones que ha hecho ineficaz la administración de justicia en materia penal, desarrollar el concepto de prisión comunitaria y/o darle vigor a los principios restaurativos de la pena.

Sin embargo, se aclara que los grupos criminales deben demostrar su interés en acogerse a la justicia y reparar a las víctimas de sus actos delictivos. Para ello están las etapas de negociaciones, diálogos y sometimientos.

Según Barreras, el diálogo con estas bandas criminales iniciará luego de que los grupos manifiesten que voluntariamente se quieren someter a la justicia. “El grupo y el Gobierno Nacional, con base en lo acordado, suscribirán un acta final de diálogo. Posteriormente, cada miembro de la estructura criminal suscribirá un acta de presentación y compromiso individual”, indica el borrador del proyecto.

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El borrador, filtrado el viernes, indica también que “las medidas privativas de la libertad serán en las zonas de ubicación temporales. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento provoca la sustitución de la medida privativa de la libertad en zonas de ubicación temporal a una privativa de la libertad intramural”.

Estos documentos llegarán hasta la Fiscalía General de la Nación y empezará la fase del sometimiento, en la que se verá el concepto de la prisión comunitaria. Cada miembro de un grupo criminal será trasladado a sitios que han sido calificados como ‘zonas de ubicación temporal’, las cuales fueron contempladas en la ley de orden público y que no son cárcel.

En este punto, el Fiscal General de la Nación será protagonista en el desarrollo del proceso de sometimiento. El proyecto establece que una vez concluya la negociación del Gobierno Nacional con las bandas criminales será el encargado de la etapa de imputación y que cualquier solicitud de absolución requerirá su visto bueno.

El papel que tendrá el Defensor del Pueblo es el de representante de las víctimas y podrá ordenarle al fiscal delegado que aclare, adicione o corrija la imputación si las víctimas no quedan satisfechas con ella.

Este es uno de los puntos que seguramente más controversia va a causar en el país. En el borrador se menciona la posibilidad de una condena con rebaja del 60 %, es decir, que “la pena máxima por concurso será por 50 años y la máxima para los tipos penales será de 40 años”.

Se habla también de la aceptación de cargos y la reparación a las víctimas por parte de los miembros de esos grupos criminales. Se establecen unas etapas de aceptación de cargos de manera consensuada y de colaboración eficaz con la justicia.

Lo anterior manifiesta que los imputados podrán aceptar los cargos siempre y cuando se aporte la información necesaria para llevarlos ante la justicia y llegar a la verdad en todos los hechos de los que se les acusa.

Otro aspecto para destacar es que quienes se acojan a estos acuerdos deben adquirir el compromiso de no volver a delinquir, dar cumplimiento total a los pactado con el gobierno y declarar ante el Estado los bienes que han sido adquiridos de forma lícita.

Lo que se conoce de la norma es que “el imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes, siempre que su valor comercial no supere el 10 % del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el 10 % del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”.

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El borrador señala que en cualquier etapa del proceso antes de la condena, el procesado hará un listado de los bienes muebles e inmuebles que tuviesen relación con las actividades ilícitas. Y que por eso podrá: “Conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de los bienes cuyo origen sea consecuencia de una actividad ilícita, siempre y cuando su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración. Hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10%) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”.

También se establecen cambios en los códigos Penal, de Procedimiento Penal y el Código penitenciario y carcelario.

Para la elaboración de esta iniciativa se dijo que se ha tomado la experiencia de una ley de Estados Unidos llamada el Acta Contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).

Ese ha sido un instrumento importante para desmantelar mafias atacando sus estructuras financieras y estimulando la delación.

También señala que consulta la experiencia de anteriores procesos. Se entiende que se refiere a antecedentes como los decretos de sometimiento a la justicia del gobierno de César Gaviria, hasta la ley de justicia y paz del gobierno de Álvaro Uribe.

El tratamiento para la tropa es mucho más benigno. Según el proyecto, se establece que quienes hayan incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir, utilización de uniformes, uso ilícito de equipos de comunicación y porte ilegal de armas, serán enviados entre cuatro y cinco años en programas especiales de reinserción.

El Defensor del Pueblo tendrá la representación de las víctimas y podrá ordenarle al fiscal delegado que aclare, adicione o corrija la imputación si no deja satisfechas a las víctimas.