Consejo de Estado admitió demanda de María Fernanda Cabal contra la directriz de la Fiscalía sobre delitos en la protesta social

Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que el Consejo de Estado admitió la demanda de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal contra la Fiscalía General de la Nación, cuestionando la directriz sobre el manejo de la protesta social en Colombia.

“Consejo de Estado me anuncia que admitió la demanda de nulidad que interpuse contra la Directiva 0001 de la Fiscalía que pretende disminuir el actuar de la Fuerza Pública y fiscales ante la violencia en las llamadas protestas”, afirmó la senadora a través de su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter.

En ese sentido, Cabal precisó que “la garantía debe ser para los ciudadanos no para los violentos”.

Cabe mencionar que por medio la Directiva 001 de 2024, la Fiscalía General “reconoce, garantiza y protege el derecho a la protesta social pacífica”. Sin embargo, la senadora solicitó su nulidad al considerar que esto estaría afectando los métodos de investigación y judicialización por ataques vandálicos, acciones contra civiles y la Fuerza Pública, y destrucción de bienes y establecimientos.

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El documento de 25 páginas, firmado por la fiscal Luz Adriana Camargo, busca garantizar una separación precisa entre la protesta pacífica y las conductas delictivas, incorporando la normativa vigente y las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y las guías de Naciones Unidas.

Su objetivo es diferenciar entre las acciones legítimas de protesta y las conductas delictivas, asegurando que las investigaciones se realicen con rigor y sin prejuicios.

La Directiva 0001 de 2024 especifica los derechos y deberes de quienes participan en las protestas pacíficas, así como los límites y las acciones permitidas. También define las competencias de los funcionarios encargados de investigar y procesar los delitos relacionados con las manifestaciones.

“Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones”, aclaró la entidad en un comunicado.

La Fiscalía subrayó que, mientras se protege el derecho constitucional a la protesta, se debe garantizar que los actos delictivos, como daños a la propiedad y violencia contra funcionarios, sean tratados con seriedad.

El nuevo documento sustituye a la resolución 002 del 4 de junio de 2021, que fue emitida en medio de las protestas sociales del año anterior.

Dsde el comienzo, Cabal manifestó preocupaciones sobre la posibilidad de que la directiva proporcione una protección indebida a actos delictivos bajo el pretexto de la protesta pacífica, pues según la senadora, se podría subestimar la importancia de investigar comportamientos que podrían derivar en hechos criminales.

*Con información de Colprensa y redacción de El País.