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Política
Consejo Nacional Electoral responde a los ataques de Petro y asegura que sus “actuaciones son estrictamente institucionales”
El Consejo de Estado ha aclarado que el CNE sí tiene las facultades para adelantar el proceso contra el Mandatario.
Luego de los reiterados ataques del presidente Gustavo Petro en los que alerta que el Consejo Nacional Electoral, CNE, está planeando un golpe de Estado en su contra porque lo está investigando por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022, el tribunal se ponunció señalando que todas sus actuaciones son institucionales.
“El CNE, ante las reiteradas declaraciones del señor Presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”, inicia señalando el comunicado.
“Que dicha competencia, además, ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que la ratifican como incuestionable. En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”, agregó.
Y finalizó: “Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario, desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del CNE deben garantizarse”.
La respuesta del tribunal se da luego de que, desde hace varias semanas, el Mandatario calificara la investigación del CNE en su contra como un “golpe de Estado”, ya que, para él responde a una estrategia para desestabilizar su gobierno, implementada por sectores de poder que no han aceptado su victoria electoral.
El Jefe de Estado ha reiterado que esta medida está siendo tomada por un órgano que no tiene competencia vinculante y, por lo tanto, pretende abrir el camino para su destitución sin haber cometido delito alguno.
La decisión, según Petro, es un acto de desobediencia a la voluntad popular y un intento de la “oligarquía colombiana” de socavar el sistema democrático establecido en la Constitución de 1991.
Además, ha hecho llamados a la movilización generalizada de los ciudadanos, incluyendo a juventudes, campesinos, trabajadores y mujeres.
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