Constituyente o poder constituyente: ¿cuál es la diferencia y a qué le apuntaría el gobierno Petro?

“El poder constituyente, en materia constitucional, lo entendemos como el poder que tiene el pueblo de una comunidad política para darse una constitución y sobre el cual no hay otro poder; ningún poder constituido, llámese congreso o llámese presidente, puede estar por encima”.

Así explica Tania Luna Blanco, profesora investigadora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, el concepto que ayer volvió a emplear el presidente Gustavo Petro y enfatiza en que un “poder constituyente define las reglas de juego de una comunidad política”.

Por eso, a la docente también le llama la atención que el nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haya señalado de entrada “que la constituyente que quieren convocar, será convocada dentro del marco de la Constitución Política de 1991″.

“Mi primer punto sería que el Presidente y su ministro deben ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser el eje de la constituyente: si se dará por dentro de la Constitución del 91 o por fuera”, puntualiza Luna Blanco.

Y plantea que convocar una constituyente en el marco de la Constitución de 1991 “implica cumplir unas reglas que no se pueden saltar ninguno de los poderes constituidos, empezando por el Congreso”, que debe emitir una ley de convocatoria que cuente con las mayorías tanto en Senado como en Cámara y con la revisión previa de la Corte Constitucional.

“En pocas palabras, tocar el documento de una constitución es quizá la movida política más delicada al interior de una comunidad, porque ahí estamos fijando las reglas de juego que se desarrollan después, a través de las leyes y las instituciones”, conceptúa la docente de la Universidad Javeriana.

Y haciendo la salvedad de que el Presidente tendría que liderar un proceso electoral de respaldo a esa iniciativa para el que tendría poco tiempo, insiste en diferenciar entre el poder constituyente, “que puede nacer en un momento en el que se pone en discusión toda la institucionalidad en Colombia y se habla de la necesidad de una nueva Constitución, y el proceso constituyente que nace de la misma Constitución de 1991, que es producto de la participación de los poderes constituidos, como el Congreso y la Corte Constitucional, y la convocatoria a una ley con un llamado a los ciudadanos dentro de un temario”.

Para Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el poder constituyente del que Petro pasó a hablar, después de haber planteado la idea de una constituyente, “es algo que no está del todo claro, porque no es un mecanismo formal”.

En su opinión, haciendo un llamamiento a sus bases populares, “el Presidente utiliza la figura del poder constituyente para decir: ‘eso que llaman el constituyente primario, recae en el pueblo, y es la población la que debería decidir qué tipo de reformas y cambios quiere hacer’”.

“Podría decirse que es cierto: hay un poder constituyente o un constituyente primario, ¿pero en qué se traduce eso? En el terreno práctico es bastante etéreo. Lo más concreto que ha explicado el Presidente es un acuerdo nacional: implicaría que las fuerzas políticas del país se alineen y busquen mecanismos para reformar aspectos que el Gobierno considera necesario reformar”, dice el docente.

Pero insiste: “¿Cuál es el alcance, cómo funcionaría, implicaría modificar normas, asuntos específicos, cambios constitucionales?”, y luego concluye: “Definitivamente ha sido un asunto bastante ambiguo y al sol de hoy todavía no tenemos certeza sobre cuál es el contenido ni el alcance de esa propuesta”.

Sin embargo, Garzón considera que, pese a lo etérea de la propuesta, el Gobierno “sí tiene un propósito con ella, que todavía no es claro”, por lo que es errado “interpretar que el Presidente está dando tumbos y que intenta decir una cosa y luego otra, lo que se le va ocurriendo en el día a día”.

En lugar de ello, plantea que la estrategia de la Casa de Nariño parece ser la de “ir tanteando el terreno, mirando cómo va respondiendo la opinión pública y las fuerzas políticas a propuestas que en principio parecen muy ambiguas y que, en algunos casos, el Gobierno va dándoles forma, dependiendo también de cómo se van tomando”.

De su lado, la profesora Luna cree que el Mandatario colombiano “sabe que una reforma tan ambiciosa como la que propone sí es una reforma a la Constitución del 91 y no una nueva constitución, pues tiene que ser el producto de un acuerdo nacional”.

Y finaliza: “Bajo esta misma idea, hay que dejar ese pensamiento de que la Constitución les pertenece a unos o a otros; debe ser la Constitución de una comunidad política, de los colombianos y las colombianas y el instrumento por excelencia donde se reflejen todos nuestros derechos y deberes”.