Consulta popular, ¿una salida a la crisis que desencadenó el paro?

Como inoportuna calificaron varios analistas la propuesta de recurrir a la realización de una consulta popular para lograr superar la crisis que enfrenta Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional.

La iniciativa la expuso el exprocurador general de la Nación Fernando Carrillo: “Es momento de escuchar, entender, proponer y actuar. Colombia, a diferencia de Chile, no necesita Constituyente, pero sí debe acudir al constituyente primario para legitimar las reformas”, escribió en un artículo publicado en el diario El País, de España.

También indicó allí que “alcanzar ese objetivo pasa por las urnas y las herramientas de participación ciudadana que están en la Carta Política. Es la hora de poner los temas de la mesa de la negociación en el escenario constitucional apropiado: una consulta popular sobre las grandes reformas sociales que necesita Colombia.

La consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución de 1991.

Y, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, esa herramienta “es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según sea el caso, a consideración del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto”.

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”, precisa la misma normatividad.

La más reciente consulta popular que se votó en el país fue la Anticorrupción del 2016, donde votaron 11,6 millones
de personas. Se aprobaron 2 de 7 preguntas.

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Pues bien, el exprocurador sostiene que la consulta popular sería el mecanismo indicado para que la ciudadanía se exprese sobre los temas donde más se requieren cambios en el país.

Estos son, según él, “la inclusión productiva de los jóvenes y la creación de oportunidades; la renta básica y el fortalecimiento de la protección social; el acceso y la calidad del derecho a la salud; la generación de empleo y el trabajo decente; la equidad con la mujer; la reforma de la justicia; la reforma de la Policía hacia su acercamiento a la ciudadanía; el retorno al campo y la seguridad alimentaria; acciones de reconocimiento y diversidad; y la institucionalización del diálogo social para arbitrar el conflicto social”.

Carrillo agrega que este proceso democrático se debe llevar a cabo antes de las elecciones programadas para el próximo año, “para que no sea contaminado por los partidos políticos”.

Varios analistas consultados por El País manifestaron su escepticismo ante la propuesta, al considerarla inoportuna y riesgosa para la democracia del país en el actual escenario preelectoral en el que se desarrolla el paro nacional.

El director de Innopolítica, Jaime Gutiérrez, señala que los tiempos sí darían para convocar una consulta de este tipo, pero que realizarla a menos de un año de las legislativas de marzo de 2022 tendría un alto matiz político.

“Llevar una consulta popular para determinar necesidades que requieran atención inmediata del Estado colombiano, justo unos meses antes de unas elecciones, es decirles a los candidatos al Congreso que se apropien de ella como una manifestación partidista, como una forma de ejercer presión a un Presidente que va de salida y con desfavorabilidad”, plantea el politólogo.

Y recuerda que la primera vuelta de unas presidenciales “que van a estar supremamente polarizadas” se va a realizar en menos de un año, por lo que tampoco lo ve viable.

De hecho, Gutiérrez añade que, en el sentido más pragmático del ejercicio político, proponer una consulta popular no tiene mucha validez en la actualidad. “Carrillo plantea que a través de esa consulta popular se establezcan las necesidades más importantes del país, y yo creo que ese problema está sobrediagnosticado: sabemos que somos uno de los países más desiguales del Hemisferio Occidental”.

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De su lado, el analista político John Mario González no le ve “ni pies ni cabeza” a convocar una consulta popular en este momento, mucho menos de parte del exprocurador, quien tiene “intereses políticos” y solo quiere “figurar porque está viudo de poder”.

“Cualquier consulta en este momento sería capturada por la polarización política. Es imposible desconocer ese hecho. Además, una consulta con un país quebrado es imposible. O sea, ¿cuántos millones cuesta? No menos de $500.000 millones. Eso va en contravía de lo que necesita el país, que es reducir costos y ahorrarse cualquier peso para los programas de beneficios sociales”, enfatiza González.

A su turno, el politólogo Julián Peña es enfático en afirmar que Carrillo no tiene “la autoridad moral” para solicitar ahora que se implemente un mecanismo de participación ciudadana frente a la crisis, cuando en 2016 “fue cómplice de la mayor violación de la democracia que ha habido en Colombia, cuando Juan Manuel Santos y los organismo de control, como la Procuraduría General donde él estaba, y varios partidos políticos, le hicieron ‘conejo’ a la democracia al no respetar la voluntad popular de quienes votamos no al plebiscito”.

Peña concluye asegurando que la solución para la crisis que vive Colombia es “la sensatez por parte del Comité Nacional del Paro, que sigue llamando a la manifestación y a la aglomeración, que sigue permitiendo y justificando los bloqueos en las principales vías del país”.

El analista político Nicholás Benedetti considera que una consulta popular podría contribuir a superar el paro, únicamente si el Gobierno Nacional demuestra una disposición real de escuchar, negociar y ceder.

El analista Julián Peña enfatizó que “las mayorías no apoyan el paro ni los bloqueos”, y que el Comité debe ceder también.