Controversia en la licitación de Colpensiones: la entidad canceló proceso de vigilancia, pese a que había oferentes disponibles

La revista Semana reveló que Colpensiones, la empresa del Estado que recibe la pensiones de millones de colombianos, revocó el proceso de vigilancia a pesar de que existen oferentes habilitados, un hecho que se presentó en las últimas semanas del mes de junio.

Por esta razón, la entidad se encuentra en este instante en el ojo del huracán, al revocar de manera inesperada un proceso licitatorio que llevaba abierto desde el 2023 para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

En esta convocatoria pública se presentaron once oferentes, en los que siete quedaron habilitados con calificaciones superiores a los 90 punto, y uno, en especial, obtuvo 100 puntos, la máxima nota posible. Sin embargo, aunque la entidad sí tenía opciones para contratar, no lo hizo.

Cabe señalar que el proceso comenzó el 12 de octubre de 2023, cuando fue divulgada la convocatoria para la prestación del “servicio de vigilancia humana y seguridad privada con medios tecnológicos”, por un presupuesto estimado de 13.257 millones de pesos.

Además, fue el 20 de noviembre que fue publicado el examen de las once ofertas, pues así quedó confirmado por un documento que señala a los licitantes que sí cumplían los requisitos legales para prestar ese servicio.

De acuerdo con lo revelado por la revista Semana, aunque los candidatos de Vigilancia Acosta Limitada llenaban todos los requisitos necesarios, esta convocatoria no le fue adjudicada. Por lo siguiente, el 29 de noviembre se aplazó las fecha de selección del contratista hasta el 31 de enero de 2024, nuevamente se corrió hasta abril, para que posteriormente tampoco se eligiera en esa fecha un proveedor de servicios, si no que se aplazara de manera continúa.

En este orden, se terminó aplazando el proceso de selección durante ocho meses, para que la decisión fina llegará el 17 de junio, es decir, hace una semana, en la que se presentó una carta a los proponentes de la convocatoria pública y firmada por el vicepresidente de planeación y tecnologías de la información, Luis Alfredo Chaparro Muñoz. Esta corta contenía un análisis de 14 páginas, donde les informó de la revocatoria del proceso.

Dentro de este documento con el que frenaron el suministro, mantenimiento y monitoreo de los sistemas de alarma, control de acceso y circuito cerrado de televisión, se argumentó con base de unas supuestas “situaciones sobrevenidas” que no estaban relacionas con la operación en la seguridad del edificio.

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