¿Corrupción en el Metro de Bogotá?, investigaciones salpican a algunos verdes entre ellos Claudia López y Angélica Lozano

Esta semana el mundo de la política colombiana, de nuevo, se ha visto sacudido, por la revelación de unas comprometedoras conversaciones entre un exempleado de Ministerio de Transporte llamado José Joaquín Silva Ardila y un ciudadano de origen chino identificado como Dong. El escándalo se refiere a un expediente secreto sobre posible corrupción en el proceso de construcción del metro de Bogotá, la cual puede considerarse como la megaobra más importante en la historia del país.

En un informe especial presentado por la revista SEMANA se da a conocer que entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones para el Congreso, se realizaron una serie de interceptaciones de las cuales se revelaron conversaciones sobre el presunto pago de coimas por más de $10.000 millones. De los cuales aparentemente $6.000 millones habrían sido destinados para el “apoyo” de campañas políticas del Congreso. Un favor que tendría como precio favorecer la adjudicación de contratos para la construcción del metro.

Aunque los casos de corrupción en Colombia a lo largo de los años se han venido normalizando y ya parecen paisaje, en este caso lo que es sorprendente es que en los documentos se menciona a la alcaldesa de la capital, Claudia López, y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Debido a los altos indicios de corrupción que tiene este proyecto y en especial este caso, la Fiscalía remitió el caso a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, puesto que en el documento también se menciona a congresistas del Partido Verde; quienes, es importante recordar, gozan de fuero parlamentario (Conjunto de privilegios o exenciones jurídicas que tiene una persona).

El exempleado del Ministerio, José Joaquín Silva Ardila, hasta ahora ha sido el centro de investigación, ya que, al parecer, tenía acceso a información privilegiada del proyecto, entre ella los privilegios de contratación y adjudicación del contrato para la construcción del metro de Bogotá.

En medios de las conversaciones se evidencia que Ardila conoce de manera profunda el tema, pues lanzó un dato crucial para la investigación, “Él lo que está haciendo es lo siguiente, le están girando desde China 6.000 millones, no sé cuántos dólares, para la campaña del congresista (...) porque están moviendo mucho dinero con la cosa esa del Congreso; eso es lo que observé y son dineros que giran de empresas chinas para que les den obras con el metro”, así lo demuestra la revista de investigación periodística.

Por su parte, el ciudadano de origen asiático conocido como Dong, también desempeña un papel relevante en el escándalo. Para la Fiscalía su importancia radica en que participó en posibles actos de corrupción relacionados con el metro de Bogotá.

Es tanta la importancia de los datos revelados hasta ahora que la Fiscalía busca solicitar de manera inmediata la interceptación del teléfono del ciudadano extranjero Dong para seguir profundizando en el tema, así como investigar el perfil financiero de Silva Ardila y la revisión de posibles movimientos de grandes sumas de dinero y transacciones financieras sospechosas.

Además, SEMANA ha informado que en las conversaciones interceptadas se revelan datos que siguen preocupando a los entes estatales de control, debido a una llamada realizada 7 de marzo de 2022, Silva Ardila menciona que los chinos habrían girado $6.000 millones, para apoyar a la actual alcaldesa, posiblemente para su campaña para el Senado.

Claudia López propone Policía propia para Bogotá

El debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá puso a hablar, incluso, a la actual mandataria de los capitalinos. Claudia López publicó a través de su cuenta de Twitter lo que para ella sería la solución al problema de inseguridad en la ciudad: tener una policía propia en la que el Gobierno Nacional no ‘meta la mano’.

“Creo que Bogotá puede y debe tener una policía local propia que le ayude a la policía nacional porque no da abasto para todo. Y creo también que debemos crear un proceso judicial rápido, con cárcel efectiva de 2 años y de socialización para lo que hoy la Ley llama ‘delitos menores’ como el hurto y el acoso que es el mayor tormento para la ciudadanía, pero no es prioridad para la justicia”, manifestó la mandataría en sus redes sociales.