Corte Constitucional podría frenar aspiración de Carlos Felipe Córdoba a la Procuraduría

Una sentencia de la Corte Constitucional podría afectar los intereses del excontralor Carlos Felipe Córdoba para aspirar al cargo de Procurador General de la Nación.

Según el documento conocido en las últimas horas, en mayo de 2023 el alto tribunal declaró inexequible la norma que permitía a candidatos a este cargo homologar la experiencia obtenida en otras profesiones distintas al derecho para completar los años de experiencia exigidos.

Con esta sentencia, tambalea la posible candidatura del excontralor, uno de los nombres que sonaba como posible reemplazo de Margarita Cabello al frente del Ministerio Público, quien saldrá del cargo el 15 de enero del próximo año.

En un concepto anterior, la Corte Constitucional había solicitado a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, consultar al Consejo de Estado cuál debe ser el perfil del aspirante a Procurador General de la Nación. Esta consulta pretendía determinar si “los abogados podrían acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de profesiones que pertenezcan a la misma área del conocimiento”.

El aspirante debe haber desempeñado durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, por el mismo tiempo, como abogado, requisitos que el excontralor Córdoba no cumple.

Aunque el Consejo de Estado tiene en estudio la consulta del Gobierno, la Sala de Consulta no llegó a un acuerdo en las últimas horas. Y tras un empate técnico, la corporación asignó a un conjuez para definir la situación del excontralor.

Para esta tarea fue delegado el exmagistrado del Consejo de Estado, William Zambrano, quien en su paso por la corporación llegó a la vicepresidencia y a la presidencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

¿Qué dice la sentencia de la Corte?

Se trata de la sentencia de la revisión constitucional a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que estableció los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal, Procurador, Registrador y Defensor.

“Para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública”, señala el artículo de la ley.

Sin embargo, la sentencia recién publicada por la Corte Constitucional es clara en los requisitos para quienes aspiran a los cargos de Procurador General, Registrador Nacional y Defensor del Pueblo. “Si bien el hecho de que los jueces tengan otra formación profesional puede ser relevante, esas calificaciones adicionales no pueden suplir la experiencia requerida en el cargo que se basa en analizar y resolver asuntos jurídicos”, se lee en el documento.

“La regla de homologación de la experiencia incluida en dicho parágrafo para ocupar los cargos mencionados en el artículo es también inconstitucional pues una garantía de la función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerla”, explicó la Corte.