Corte Suprema abrió dos investigaciones contra David Racero, representante del Pacto Histórico; ¿por qué casos tendrá que responder?

Tras los escándalos en los que ha estado involucrado los últimos días el congresista, David Rocero, la Corte Suprema de Justicia abrió dos investigaciones de carácter previo contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico.

La primera investigación estaría relacionada con las denuncias que señalan que, al parecer, el congresista estaría supuestamente solicitando pagos mensuales a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pues algunos medios de comunicación difundieron presuntas conversaciones que podrían en evidencia este aspecto.

Presuntamente, el congresista le habría pedido dinero a sus colaboradores, para pagar deudas personales como $2.375.000 de una tarjeta de crédito.

Por otro lado, el alto tribunal estudia si hubo conversaciones con el director del Sena para favorecer procesos de contratación en la entidad con familiares, pues Racero es señalado de supuestamente haber pedido puestos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), por medio de su tío José Luis Mayorca.

Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anotaron que la respectiva investigación por ordenada por el magistrado César Reyes, quien había pedido la práctica de pruebas para tomar decisiones de fondo.

Cabe recordar que el mismo representante a la Cámara por Colombia Humana, David Racero, aseguró que le pedirá a la Procuraduría y a la Corte Suprema que se investigue las acciones y se determine responsabilidades.

“Yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad”, aseveró por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Entre las denuncias, se hizo mención del caso de Leonardo García, quien al parecer pese a que estaba asignado como conductor del congresista, terminó atendiendo un negocio particular del legislador durante la época de la pandemia derivada por la covid-19.

Esto tipificaría una falta disciplinaria grave, ya que Racero habría usado a funcionarios, pagados por el estado, para atender sus negocios privados.