Corte Suprema no aceptó la denuncia de Francia Márquez contra Juan Diego Gómez

La Corte Suprema de Justicia no aceptó la denuncia que había interpuesto la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, en contra del senador y presidente del Senado, Juan Diego Gómez, por relacionarla con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La confrontación comenzó en medio de un debate de control político cuando Gómez aseguró: “No me había querido referir a su partido que acompaña el ELN, activo en el terrorismo, a su vicepresidente y celebra la designación de esta mujer, y que las antiguas Farc y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial”.

La acusación de Gómez surgió por una nota publicada en el portal web del ELN titulada: “Ni racismo, ni utilitarismo racial” en la cual se expresa el apoyo a la candidata en representación de las minorías.

“Los más de 700 mil votos alcanzados por Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico fue un campanazo de alerta para los expertos en marketing político, que consideraron que instrumentalizar una minoría étnica como es el caso de los negros, genera simpatía popular y crea la falacia de ser incluyente”, se lee en el portal web.

La Corte no aceptó la denuncia debido a que para, el alto tribunal, no hay suficientes elementos o acciones que permitan abrirle una investigación al senador.

“Conforme a lo ya expuesto, la Sala visualiza claramente que dicha denuncia carece de los elementos mínimos exigibles para activar la persecución penal y la consiguiente puesta en marca de una investigación, incluso en fase preliminar”, emite el fallo.

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Además, se reitera: “Advierte la Corte que en dicha disertación Gómez no realizó ninguna mención directa del nombre de Márquez como ella lo afirma en su denuncia, sino el partido que la promueve, procurando marcar unas diferencias ideológicas de esta con el partido Conservador en diversos temas de interés nacional”.

Finalmente, la Corte recordó que el senador está cobijado por un fueron integral que le permite que sus investigaciones penales sean estudiadas por la corporación judicial.