¿De qué se encarga la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Conozca los detalles

La Corte Internacional de Justicia, CIJ, mayormente conocida como ‘La Haya’, es el órgano principal judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Entretanto, es la encargada de decidir las controversias jurídicas entre los Estados, y también emite opiniones consultivas sobre temas que le pregunten órganos o instituciones especializadas de la ONU.

Se establece además, que es un tribunal civil con competencia concreta, es decir, arreglo de controversias entre Estados y opiniones consultivas solicitadas por órganos especializados de la ONU, y no tiene jurisdicción penal, es por ello que no puede enjuiciar a particulares.

La resolución de conflictos penales le corresponde, en un primer momento, a las jurisdicciones de cada país, aunque la ONU también ha establecido tribunales especiales para ello, como la Corte Penal Internacional.

Actualmente, la sede principal de esa Corte está situada en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos.

La CIJ cuenta con 15 magistrados, todos de distintas nacionalidades, que son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Estos magistrados tienen periodos de nueve años.

Esa Corte fue establecida por la Carta de las Naciones Unidas, la cual se firmó el 26 de junio de 1945, para ahondar en la búsqueda de uno de los objetivos principales de la ONU, que es: “lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.

Comenzó oficialmente sus labores ya en el 1946, tras remplazar a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que había sido establecida en 1920 por la entonces Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones.

Es de recordar, que La Haya es conocida mayormente en el país por la demanda impuesta por Nicaragua en 2013, en la que la que alegaba que Colombia había violado la sentencia de 2012 en la que se definieron los límites marítimos entre ambos países.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, se prepara para leer un fallo crucial este jueves, 13 de julio, respecto a la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua. Este pleito, el tercer caso presentado ante la CIJ, ha generado tensiones y preocupaciones en ambos países, y su desenlace podría tener importantes consecuencias para la jurisdicción de las aguas en cuestión.

El reclamo de Nicaragua a Colombia

En septiembre de 2013, Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la CIJ, alegando su derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa. Según el reclamo nicaragüense, esta extensión se prolongaría hasta el mar colombiano. Cabe aclarar que la plataforma continental extendida que busca Nicaragua abarca áreas submarinas que se consideran una supuesta prolongación natural de su territorio continental, donde se encuentran recursos valiosos como reservas de petróleo y gas.

La posición de Colombia y las consecuencias del fallo

Colombia ha defendido que la plataforma continental extendida no es un derecho en sí mismo, sino un derecho establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la cual Colombia no es parte, mientras que Nicaragua sí lo es. La defensa de Colombia ha argumentado que las normas de esta convención no aplican al caso, ya que no reflejan el carácter consuetudinario de la plataforma continental hasta las 200 millas marinas. Además, Colombia ha sostenido que sus derechos a una zona económica exclusiva y su plataforma continental de 200 millas marinas prevalecen sobre las pretensiones de Nicaragua.

El fallo de la CIJ podría afectar la ejecución de los derechos marítimos de ambos países, ya que hay derechos que coinciden. Si la Corte le da la razón a Nicaragua, esto significaría un aprovechamiento de las aguas más profundas que se encuentran debajo de la zona económica exclusiva de Colombia. En cambio, si el fallo favorece a Colombia, mantendría su jurisdicción sobre estas aguas y preservaría sus derechos marítimos actuales.