Defensoría alertó que 290 municipios están en riesgo alto y extremo para las elecciones

La Defensoría del Pueblo informó que 16 municipios más que los reportados para las pasadas elecciones de marzo en el país, es decir 290, están en riesgo alto y extremo de vulneración a los derechos de la población para los procesos electorales que se avecinan.

Según se indicó, en el caso del Valle del Cauca hay tres municipios en la lista de en riesgo extremo, así como otros 12 municipios listados como territorios con alto riesgo. 

Así lo dio a conocer la Entidad en el marco del seguimiento a la Alerta Temprana 004, en donde informó que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo. Los departamentos con mayores municipios en riesgo son: Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).

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Por su parte los municipios con alto riesgo pasaron de 195 a 206. Los más afectados son: Antioquia con 30 municipios, Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno), Chocó (10), Norte de Santander (10), Atlántico (9), Córdoba (7) Cesar (7), Huila (6), Cundinamarca (6), Cauca (5), Caldas (5), Risaralda (5), Putumayo (4), Guaviare (4), Casanare (4), Vaupés (3), Vichada (2), Arauca (2) y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.

Este aumento de municipios en riesgo se debe, según la Defensoría, principalmente por cuenta del incremento de las acciones del ELN y del Clan del Golfo en las últimas semanas particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia.

Ante este incremento, la Defensoría del Pueblo recomendó la implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. También solicita que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.

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“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.