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MINISTERIO
Duplicidad de funciones y burocracia: Creación del Ministerio de la Igualdad sigue generando polémica
Duplicidad de funciones y mayor burocracia, algunas de las críticas que varios sectores le hacen a la iniciativa del Gobierno.
Duplicidad de las funciones y aumento de la burocracia son algunos de los puntos que siguen causando polémica alrededor de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, pese a haber sido aprobado en primer debate por las comisiones de Senado y Cámara de Representantes.
“Hay duplicidad de funciones, hay cerca de diez entidades entre ministerios, consejerías y departamentos que tienen en su interior viceministerios y direcciones para la igualdad, para la mujer y para la equidad. ¿Qué va a pasar con esos órganos? ¿Se van a suprimir? No hubo respuesta ni por los ponentes ni por el ministro”.
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Así lo aseguró el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien es uno de los más críticos ante la nueva cartera que dirigiría la vicepresidenta, Francia Márquez.
Como él, el analista político Jhon González reitera que “la creación de la cartera significará erigir un mastodonte burocrático del que aún no se sabe sus verdaderas dimensiones, pues al día de hoy no se ha dicho qué pasará o cuál será la suerte de entidades de naturaleza adscritas o vinculadas”.
Asimismo, Motoa agrega que “la creación de una infraestructura para un ministerio requiere de sede, personal administrativo y de apoyo, además de personal asistencial, un secretario general, al menos un viceministro y direcciones”.
Como por ejemplo en el caso de la cartera del Deporte, una de las más nuevas, y que “para el año 2023 el gasto administrativo es de 53 mil millones de pesos, o en el caso del Ministerio de Ciencia, es de 30 mil millones de pesos y si lo comparamos con esos dos ministerios, el gasto no puede ser inferior”, explicó el senador.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, se comprometió a evaluar la propuesta que hicieron varios sectores y que consiste en que el Departamento de Prosperidad Social, DPS, sea el que se convierta en el nuevo Ministerio de la Igualdad.
Al respecto, el politólogo Alejandro Echeverry considera que esa medida “le daría mayor robustez al proceso y no implicaría una duplicidad de funciones, sino por el contrario, identificaría las necesidades de las poblaciones más vulnerables, porque el DPS tiene una visión más asistencialista y asociada a los subsidios que una visión de transformación de comunidades”.
Por ello, indica que en caso de que se apruebe y que el ministerio absorba todas las competencias de Prosperidad Social sería un mejor camino.
De otro lado, ante la incertidumbre de cuánto costará el nuevo proyecto de Márquez y cómo será su financiación, Motoa advierte que la creación de la cartera no tiene concepto del Ministerio de Hacienda, el cual es el encargado de ordenar los gastos de las entidades públicas.
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Frente a esas dudas, el ministro Prada aclaró que “lo que nosotros calculamos es que el costo es prácticamente cero $0 (...) concluimos que no hay parámetros para definir que esto vale uno, dos o tres billones de pesos, porque básicamente lo que creemos es que se va a nutrir con los presupuestos y seguramente con los funcionarios de otras entidades que tienen a su cargo las funciones que va a asumir el Ministerio”.
Por lo que insiste en que “el costo debería ser prácticamente mínimo, un costo fiscal que no impacta el marco de mediano plazo ni pone en riesgo las finanzas públicas de manera alguna. Lo que acaba de decir el Congreso es que no le va a meter burocracia y gasto público”.
Otro de los aspectos que cuestiona el senador de Cambio Radical son las facultades especiales que se le darían al presidente Gustavo Petro, las mismas dice estar abiertas y son como un cheque en blanco porque no determinan qué debe hacer.
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“Cuando se le entregan facultades al presidente deben ser precisas, acá son en blanco y muy seguramente van a crear más burocracia”, comentó Motoa.
Pese a que son varios los sectores que coinciden con esas inconsistencias en la creación del ministerio , Echeverry anota que “son críticas de una oposición que no ha encontrado el camino para generar una resistencia real a las políticas del Gobierno que son totalmente legítimas y válidas dentro del marco de una democracia”.
Y explica que “el componente social, después del de educación y del aparato de seguridad, es el tercer rulo más importante, por lo que también cuenta con recursos muy poderosos que son direccionados por Prosperidad Social y de alguna manera quedarían en manos de Francia Márquez, y eso genera resistencia en los sectores sociales que perdieron el poder”.
Aunque aún faltan por aclarar muchos puntos sobre el funcionamiento del proyecto, el mismo tendrá, por ahora, las mayorías para ser aprobado la otra semana en las plenarias del Senado y la Cámara y así darle paso a la sanción del Presidente, que seguramente lo hará antes de terminar el año.
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