El “entrampamiento” de Jesús Santrich será investigado por un experto, así lo confirmó la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revivió la polémica por el supuesto ‘entrampamiento’ al proceso de paz con las extintas Farc. Por eso, el canciller Álvaro Leyva había pedido iniciar una comisión de investigación internacional.

Uno de los anuncios que realizaron se basa en nombrar a un experto o experta internacional en derechos humanos, cuyo rol se será identificar y verificar los obstáculos que dificultan la implementación del acuerdo de paz de 2016. La persona tratará aquellos obstáculos denunciados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2023.

A pesar de que la ONU no menciona directamente el caso, se podría referir a la denuncia establecida por JEP contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Néstor Humberto Martínez.

Presuntamente, los funcionarios ocultaron información a la jurisdicción, teniendo como resultado la no extradición de Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, firmante del acuerdo de paz y luego desertor para conformar la denominada disidencia Segunda Marquetalia.

“Se creó la Comisión de la Verdad, y no lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado: ‘Jesús Santrich’, en unas circunstancias en las cuales todos los días están recayendo más investigaciones”, afirmó Leyva el año pasado en medio de un discurso.

El comunicado de la ONU afirma que: “La nueva resolución dispone además que la Oficina del Alto Comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”.

Según la JEP, la Fiscalía habría ocultado información crucial durante el análisis de la extradición de Jesús Santrich en mayo de 2018.

De hecho, Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de asuntos internacionales de la Fiscalía, se encuentra entre los funcionarios denunciados, pues habría negado el acceso a pruebas importantes para la JEP.

Según la respectiva denuncia, los documentos habrían podido influir en la decisión que suspendió la extradición del líder guerrillero que estaba detenido por delitos de narcotráfico en ese entonces. Precisamente, Santrich fue acusado por la Fiscalía de Martínez de estar involucrado en una estructura de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Después de esto, el guerrillero abandonó el acuerdo de paz y conformó la Segunda Marquetalia junto a alias Iván Márquez.

El canciller Álvaro Leyva pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión internacional de investigaciones para fortalecer el proceso de paz, pues según el se habría afectado por acciones que no permitieron su avance.

“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la JEP, por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque sí tenemos enemigos del proceso de paz”, afirmó el canciller el pasado mes de abril.

Según Semana, Leyva aseguró que se necesitaba una comisión con el apoyo del secretario general de Naciones Unidas.

Además, el funcionario anotó que la misma Jurisdicción Especial habría presentado la denuncia contra los funcionarios de la Fiscalía, precisamente “por fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en el proceso de Jesús Santrich”.

“Nos podemos llenar de razones, precisamente para blindar aún más esta magnífica tarea que está cumpliendo el Consejo de Seguridad”, finalizó.

Jesús Santrich, quién es

Fue miembro del equipo negociador de las FARC-EP en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP firmados en 2016 y que concluyeron con la desmovilización de ese grupo.

Asimismo, fue capturado el 9 de abril de 2018 por presunto narcotráfico, con fines de extradición, siendo liberado en mayo de 2019 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia alegando que debería permanecer en libertad mientras se recopilaban pruebas de su proceso por parte del gobierno norteamericano.