El lío legal por la personería jurídica del partido Consejo Comunitario de La Mamuncia

Si por Cali llueve con el tema de representación afro, en López de Micay, donde se obtuvo la segunda curul a la Cámara de Representantes para la circunscripción especial de negritudes, la tormenta no cesa.

El Consejo Comunitario de La Mamuncia avaló en las pasadas elecciones legislativas la aspiración de Hernán Banguero, quien obtuvo la segunda curul de los afro con 23.613 votos, pero casi de inmediato se divorció de la comunidad que lo avaló.

Pero la crisis llegó unas semanas atrás, justo en el momento de solicitar la personería jurídica que le permitiría al movimiento del consejo comunitario avalar candidatos, pero el representante a la Cámara nunca apareció.

“Lo avalamos en Mamuncia, se elegió, confiamos enteramente en él porque era un hombre cristiano y constituyó su UTL y nunca le ofreció nada al consejo comunitario; hoy no tenemos la personería jurídica esperando que decidiéramos la conformación de la junta directiva, pero el señor nos traicionó y ha dicho que él es el dueño del partido”, señala Paulino Riascos, representante legal y presidente del Consejo Comunitario de La Mamuncia.

“Empezamos a trabajar en la propuesta de partido y el representante no respondía y nunca apareció, cuando nos enteramos que había presentado su propuesta solo y sin contar con el consejo comunitario”, dijo Riascos.

En respuesta, la comunidad de La Mamuncia presentó su proyecto de partido, Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), para reclamar la personería jurídica ante el CNE.

Así las cosas, por esta circunscripción de negritudes hay radicadas ante el CNE dos solicitudes de personería jurídica para crear un mismo partido.

Fuentes del Consejo Nacional Electoral le aseguraron a El País que “el representante Banguero viene solicitando que le entreguen la personería jurídica con el argumento, entre otros, de que en el Consejo Comunitario de La Mamuncia, ubicado en López de Micay y que fue el que avaló su aspiración, solo obtuvo un voto”.

Si nosotros quisiéramos, dijo Riascos, “presentábamos una acción penal contra el representante a la Cámara porque vulneró nuestros derechos y eso se llama falsificación; porque no era la persona autorizada para reclamar la personería jurídica”.

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