“El poder constituyente lo convoca el pueblo”: presidente Petro sobre la carta de las 200 personalidades

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la carta que al menos 200 personalidades firmaron, en la que explican por qué se niegan a apoyar la asamblea nacional constituyente propuesta por el Gobierno Nacional.

A través de su cuenta de X, como es costumbre, el mandatario aseguró que quien convocaba el poder constituyente era el pueblo, y no las personalidades. De hecho, indicó que era un “contrasentido”.

“El poder constituyente no lo convocan las personalidades. Eso es un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder”, escribió el jefe de Estado en esa red social.

Seguido a ello, complementó que las personalidades eran importantes, “pero para llegar a un acuerdo nacional que ni más ni menos significa que el acuerdo sea construir una democracia. Un camino pacífico de construcción nacional”, indicó.

Lo que dice la carta

Las 200 personalidades, entre ellos exministros, exmagistrados, políticos, académicos y expertos, explicaron en seis puntos las razones por las que se niegan a aceptar la polémica constituyente del gobierno encabezado por Petro.

“Es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas”, se lee en uno de los párrafos de la misiva.

Para ellos, en el país existen mecanismos institucionales y democráticos para abordar reformas constitucionales, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que deben ser fortalecidos y respetados en aras de la defensa de la Constitución Política.

En su carta, los expertos reiteran que la convocatoria a una constituyente generaría inestabilidad política e institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Y añaden que “se produciría una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo, la detención del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social”.